Por tercer año consecutivo, Chile no alcanzó la meta de balance estructural: el país registra un déficit cíclicamente ajustado cercano a -3,5% del Producto Interno Bruto (PIB) y un déficit efectivo aproximado de -2,8%, según cifras oficiales citadas por expertos. Ese deterioro fiscal reduce el margen para un crecimiento sostenido del gasto público y pone al sector salud en una posición de mayor presión durante la discusión presupuestaria vigente.

Las estimaciones de la Dirección de Presupuestos (DIPRES) proyectan que el gasto público para 2026 superará los $85 billones, y que cerca del 20% de ese monto se destinará al sector salud. En el análisis de Daniela Sugg, economista de la Salud y socia fundadora de Sugg y Asociados, el Ministerio de Salud explicó cerca del 57% del incremento del gasto corriente entre 2024 y 2025, lo que muestra por qué la salud ha sido un motor del aumento del gasto público.

Menos espacio fiscal no solo significa menos recursos disponibles; también hace más urgente usar mejor los recursos existentes. Entre los factores estructurales que empujan al alza el gasto sanitario están el envejecimiento de la población, el aumento de enfermedades crónicas y la multimorbilidad, es decir, la convivencia de varias enfermedades en una misma persona. Bajo esas condiciones, pedir más fondos será cada vez más difícil, por lo que el debate público debe moverse desde cuánto se gasta a cómo se gasta.

“El debate en salud necesita cambiar. La sostenibilidad del sistema dependerá cada vez más de su capacidad para generar más resultados sanitarios por cada peso invertido”, señaló Daniela Sugg. Ese cambio implica mejorar la productividad del sistema, reasignar recursos hacia intervenciones de mayor impacto y avanzar en decisiones basadas en criterios de costo-efectividad y del retorno social de la inversión.

En la práctica, especialistas y análisis del sector señalan la necesidad de transformaciones pendientes: fortalecer la gestión de la red asistencial, optimizar la compra y uso de insumos y medicamentos, e implementar evaluaciones sistemáticas de costo-efectividad para priorizar prestaciones. Estas medidas no sustituyen recursos adicionales, pero pueden aumentar los años de vida y la calidad de vida que se obtienen con el presupuesto disponible.

La discusión presupuestaria de 2026 servirá como termómetro. Si el Gobierno y el Congreso optan por ajustes contundentes, el sistema sanitario tendrá que hacer adaptaciones operativas y de gestión más profundas. Si se busca preservar el acceso y la calidad, será imprescindible combinar decisiones fiscales responsables con reformas sectoriales que prioricen la eficiencia y la equidad, sustentadas en evidencia y en evaluaciones claras de impacto.