En los últimos años se ha consolidado una narrativa global que cuestiona la cooperación internacional y la labor de las organizaciones no gubernamentales, y que en algunos casos legitima el uso de la fuerza económica y militar por parte de potencias. Ese giro tiene efectos concretos sobre la democracia, la seguridad pública y las libertades civiles, según la tesis central de la columna original.
Cronología de una tendencia. Primero, los discursos políticos y las políticas exteriores de ciertos liderazgos privilegiaron intereses nacionalistas y económicos por sobre el multilateralismo y la cooperación. Luego, esa narrativa se trasladó al plano doméstico, donde las críticas a las ONGs y a la cooperación técnica se intensificaron, a menudo acompañadas de negacionismo frente a crisis de derechos humanos, climáticas y económicas.
En Chile, la discusión tomó un matiz tangible con el caso conocido como "Convenios" o "Fundaciones", que expuso irregularidades en la transferencia de fondos públicos a organizaciones sin la capacidad técnica adecuada. El texto original queda incompleto respecto de las comprobaciones, por lo que aquí no se atribuyen responsabilidades concretas más allá de lo ya divulgado públicamente. Al mismo tiempo, como informamos en artículos recientes, hubo cuestionamientos sobre el uso del Fondo Chile contra el Hambre para apoyar a Cuba, planteados por un ex director de la agencia de cooperación. Estos episodios alimentan desconfianza ciudadana y proporcionan munición a quienes desacreditan a la sociedad civil.
Fuentes institucionales relevantes. A nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, publicó una guía para resguardar el Patrimonio Mundial en contextos de crisis, lo que evidencia la preocupación multilateral por proteger bienes comunes en escenarios de inestabilidad. En el plano nacional, las disputas sobre convenios y fondos públicos han puesto en foco la necesidad de transparencia frente a organismos como la Contraloría General de la República y el Servicio de Impuestos Internos, instituciones que fiscalizan el uso de recursos estatales.
Contexto social chileno. La erosión de la confianza en organizaciones civiles no ocurre en el vacío. En Chile, donde la sociedad civil ha jugado roles clave en demandas sociales, reconstrucción post desastre y en la fiscalización ciudadana, debilitar ese tejido implica menos capacidad para abordar desigualdades, emergencias climáticas y violaciones de derechos. La polarización política y la percepción de consumo clientelar de fondos públicos amplifican el problema.
Estado actual y líneas de acción. La situación exige, en primer lugar, distinguir entre críticas legítimas y deslegitimación sistemática. Es imprescindible reforzar mecanismos de transparencia y fiscalización sobre la entrega de recursos públicos, asegurar capacidades técnicas para ejecutar programas y promover auditorías independientes cuando proceda. También es urgente proteger el espacio cívico: garantizar financiamiento plural, apoyar la profesionalización de organizaciones y fortalecer marcos legales que permitan la cooperación sin caer en captura política.
Conclusión. Defender y fomentar el trabajo de la sociedad civil no es una posición ideológica, es una política pública. Sin mayor transparencia y sin salvaguardas que reparen las fallas expuestas en convenios y proyectos, corremos el riesgo de empujar la solución de problemas colectivos hacia respuestas autoritarias o coercitivas. Proteger a la sociedad civil es, en definitiva, proteger la democracia y la seguridad pública en Chile.
