El contrato de la Zona Franca de Iquique (Zofri) vence en 2030 y, con menos de cuatro años por delante, el alcalde de la ciudad, Mauricio Soria, llegó al Congreso con una demanda concreta: que el Estado compre el 27,32% de acciones que hoy están en manos de privados y recupere el control total de la zona franca.

Soria planteó la solicitud ante la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena de la Cámara de Diputadas y Diputados. Argumentó que adquirir ese paquete accionario es condición necesaria para definir qué modelo seguirá Zofri después de 2030. "Es urgente que el Estado compre ese 27% restante para tener el control total de los terrenos construidos", dijo ante los parlamentarios.

La propiedad de Zofri está repartida entre la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), con el 71,28%, el Fisco con el 1,40%, y accionistas privados con el 27,32%. La solicitud apunta directamente al Ministerio de Hacienda, cartera con un rol central en la concesión, no al municipio.

El planteamiento del alcalde no es nuevo, pero cobra fuerza tras la polémica que abrió la renovación anticipada al año 2050. En febrero, la junta extraordinaria de accionistas aprobó con el 95,11% de los votos un plan de inversiones de más de 115 mil millones de pesos, equivalentes a unos 133 millones de dólares. La votación reflejó el peso de Corfo como accionista mayoritario. Pese al respaldo, el proceso quedó en pausa para ser abordado por el nuevo Gobierno, sin definición hasta ahora.

El Ministerio de Hacienda no se ha pronunciado sobre la solicitud de Soria. Mientras el Ejecutivo no tome posición, el debate sobre el modelo comercial, logístico e industrial que seguirá la zona franca después de 2030 permanece abierto, con el plazo venciendo en menos de cuatro años.