Este lunes el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, informó que Galvarino Apablaza, sindicado como autor intelectual del homicidio del senador Jaime Guzmán y del secuestro de Cristián Edwards, podría ser extraditado desde Argentina a Chile "hoy o mañana". La decisión llega tras la revocación del asilo político que le había otorgado el gobierno argentino en 2010, y que hasta ahora impedía su devolución.
La noticia fue valorada de inmediato por la Unión Demócrata Independiente, UDI, el partido fundado por Guzmán. "Se cumplen 35 años desde el asesinato a Jaime Guzmán, único senador asesinado en democracia en la historia de Chile", dijo Guillermo Ramírez, diputado y presidente de la UDI, al pedir que se agilice el trámite para que Apablaza comparezca ante tribunales chilenos.
En términos similares se pronunció Juan Antonio Coloma, diputado y secretario general de la UDI, quien pidió que Apablaza sea "sentenciado y cumpla la pena en prisión". Para la colectividad, "los asesinos deben estar presos" y la revocación del asilo representa, en sus palabras, la posibilidad de terminar con "este sistema de refugiado político".
El caso remite a un momento doloroso de la historia política chilena y al reclamo persistente de familiares y del propio partido de la víctima por ver cumplida la justicia. Jaime Guzmán fue una figura central en la política chilena de las últimas décadas, y su asesinato marcó a una generación y moldeó buena parte del discurso del gremialismo.
Apablaza obtuvo asilo en Argentina en 2010, una medida que hasta ahora bloqueaba su extradición. El gobierno argentino decidió revocar ese asilo, según informaron las autoridades trasandinas, pero los detalles del proceso administrativo y las posibles apelaciones no fueron explicitados por el ministro Cordero en su declaración pública.
Si se concreta la extradición en las próximas horas, Apablaza arribaría a Chile para enfrentar las condenas que se le imputan por el homicidio de Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards. Quedan por definirse los plazos judiciales y logísticos del traslado, y la responsabilidad de ejecutar la orden recaerá en autoridades migratorias y judiciales de ambos países.
Más allá del trámite, la posible llegada de Apablaza reactiva debates sobre memoria, responsabilidad y sanción penal que siguen vigentes en la sociedad chilena, y abre un nuevo capítulo en una causa que se arrastra desde hace 35 años.
