Este lunes se abrió en el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas el juicio por la caída del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Chile, que se estrelló rumbo a la Antártica en 2019 y dejó 38 personas fallecidas. En la audiencia de apertura, el fiscal Cristián Crisosto presentó la acusación y señaló responsabilidades por negligencia en las labores de mantención.
Según la Fiscalía, el accidente fue provocado por el desprendimiento de una pala de hélice, y ese fallo se relaciona con "un problema en la mantención", donde "no se aplicaron los protocolos de mantención que eran obligatorios", dijo el fiscal Cristián Crisosto. El persecutor añadió que "ese avión nunca debió haber despegado", y vincula la tragedia tanto a omisiones en procedimientos internos como a deficiencias en la documentación técnica de la aeronave.
La Fiscalía explicó que la aeronave fue adquirida por la Fuerza Aérea de Chile en 2015 desde Estados Unidos, sin que se exigieran certificados militares de aeronavegabilidad ni la trazabilidad de componentes críticos como motores, hélices y palas. Esos elementos, según la acusación, impidieron realizar una mantención segura desde la recepción de la aeronave.
En la apertura se informaron los nombres de los acusados y los cargos: Fernando Mondaca Rodríguez, oficial ingeniero de la Fuerza Aérea de Chile; Julio Ojeda Puig, coronel de la Fuerza Aérea de Chile; Marcelo Mella Bertetti, comandante de Escuadrilla de la Fuerza Aérea de Chile; Roberto Avendaño Veloso, funcionario de la Fuerza Aérea de Chile; y Joaquín Urzúa Rentería, ingeniero aeronáutico y funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC (Dirección General de Aeronáutica Civil). Contra este grupo, la Fiscalía solicitó tres años de reclusión menor en su grado medio, junto con la suspensión del ejercicio de cargos públicos durante el tiempo de condena, medidas accesorias y el pago de costas.
Además, la Fiscalía acusó a Emanuel Carrasco Millaquén, sargento segundo de la Fuerza Aérea de Chile, por la emisión de comunicaciones o señales aeronáuticas supuestamente falsas o indebidas, y en la audiencia se mencionó una solicitud de pena de 541 días de presidio menor; la versión pública que se entregó en sala respecto a este punto quedó incompleta en su detalle procesal.
El caso, que vuelve a poner la atención sobre los procedimientos de adquisición y fiscalización de material bélico y aeronaves en la institución, plantea preguntas sobre los controles previos a la recepción de equipos y sobre la supervisión que ejerce la DGAC. En la audiencia, la Fiscalía vinculó de forma directa la cadena de custodia de componentes y la ausencia de certificados con la imposibilidad de efectuar mantenciones que evitaran el accidente.
Los defensores de los imputados y eventuales declaraciones de la Fuerza Aérea de Chile o de la Dirección General de Aeronáutica Civil no fueron parte de la apertura, y en el tribunal se programaron las siguientes audiencias para analizar pruebas periciales, testimonios y la documentación técnica. El juicio avanzará con la exhibición de peritajes aeronáuticos y registros de mantención, según informó el tribunal.
La causa tiene implicaciones institucionales y legales: además de determinar responsabilidades penales, el proceso puede abrir camino a cambios en los protocolos de compra, certificación y mantención de aeronaves en la Fuerza Aérea y en los mecanismos de control de la DGAC. Por ahora, la imputación y la solicitud de penas quedan en manos del tribunal, que deberá valorar las pruebas antes de dictar sentencia.
