La Sala del Senado aprobó en general, por 23 votos contra 22, un proyecto impulsado por senadores de derecha que propone la conmutación de penas para condenados que cumplan ciertos requisitos. Desde el gobierno advirtieron que la iniciativa podría alcanzar a hasta 12 mil condenados, y el Presidente Gabriel Boric reagudizó el reclamo público contra el avance.

La moción fue presentada por los senadores Francisco Chahuán, de Renovación Nacional (RN); Luz Ebensperger, de la Unión Demócrata Independiente (UDI); Luciano Cruz-Coke, de Evolución Política (Evópoli); Alejandro Kusanovic, independiente; y Carlos Kuschel, de Renovación Nacional (RN). La aprobación en general permite ahora presentar indicaciones hasta el lunes 16 de marzo, antes de la revisión por artículos.

El Ejecutivo explicitó el alcance potencial del proyecto, que podría beneficiar a personas condenadas por delitos que incluyen delitos de lesa humanidad, homicidio, parricidio, violación y conductas vinculadas al crimen organizado. Las cifras oficiales citadas por el gobierno hablan de un universo amplio de condenados; no todas las causas son homogéneas ni están relacionadas entre sí.

En su cuenta en X, la red social (antes Twitter), el mandatario expresó su rechazo y recordó el valor de la protección de las víctimas. En sus palabras, "Los crímenes de lesa humanidad son una de las acciones más horribles que reconoce nuestra legislación y también el mundo entero", y pidió a los senadores que no retrocedan en materia de derechos humanos.

El debate remite a antecedentes históricos de alta sensibilidad en Chile. Tras la dictadura de Augusto Pinochet se desarrollaron procesos judiciales para delitos de lesa humanidad que aún marcan a las víctimas y a la opinión pública. Cualquier cambio que abra la posibilidad de conmutaciones para esas condenas puede reavivar heridas de la transición a la democracia y reabrir discusiones sobre memoria, justicia y reparación.

Políticamente, los promotores del proyecto buscan una reforma que consideran de política penal; el Ejecutivo y organizaciones de derechos humanos ven un riesgo de impunidad. Los potenciales ganadores inmediatos serían condenados que reúnan los requisitos para conmutación. Los perdedores previsibles son las víctimas y sus familias, y el Estado en términos de percepción de cumplimiento de sus obligaciones en derechos humanos.

El Senado enfrentará ahora la fase de indicaciones y el debate artículo por artículo. La discusión definirá si el proyecto se modera, se acota a casos específicos, o sigue adelante con un cupo amplio de beneficiarios. Para la ciudadanía, la decisión impacta la confianza en el sistema de justicia y en las políticas de seguridad y reparación a víctimas, y condicionará el paisaje político en los meses por venir.