Francisco Leturia, expresidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), afirmó en conversación con Diario Financiero que quien asuma la responsabilidad de perseguir el delito debe ser "un gran cumplidor de la ley" y que, ante la controversia por el nombramiento de Andrés Jouannet, lo más práctico sería que el propio nominado dé un paso al costado.
Leturia, que presidió el CPLT, puso el foco en las limitaciones de la Oficina del Presidente Electo (OPE) para revisar exhaustivamente todos los antecedentes de cada designación. Según su lectura, la filtración de nombres y la presión pública se han convertido en un mecanismo paralelo de escrutinio, algo que complica la gestión de nominaciones y obliga a los equipos a operar con información incompleta.
El ex responsable del órgano de transparencia calificó la estrategia de filtraciones como de "bajo costo político" para el equipo del presidente electo José Antonio Kast, y dijo que sólo interesa a un núcleo reducido de ciudadanos que siguen la política activa. Aun así, advirtió que el nombramiento en seguridad tiene una sensibilidad especial porque, a su juicio, es el ministerio que más preocupa al Presidente.
Leturia también señaló que le llama la atención la ausencia de una reacción pública de la ministra correspondiente, porque cualquier error en la labor del subsecretario terminaría afectando su propio prestigio. En ese sentido, sostuvo que admitir un error público sería la vía más ágil para cerrar el debate.
La polémica llega en un momento en que el Presidente electo José Antonio Kast ha ratificado a Andrés Jouannet y, según informaron medios, nombró a Francisco Jacir como fiscal regional Centro. No hay, hasta ahora, una declaración pública de Jouannet aceptando o rechazando la sugerencia de renuncia que plantea Leturia.
Para Chile, la disputa no es solo política, es institucional: la designación de cargos clave en seguridad pone a prueba los mecanismos de vetting, la credibilidad del equipo ministerial y la capacidad del nuevo gobierno para sostener políticas públicas en un área sensible para la ciudadanía. Si la controversia persiste, la administración de Kast podría enfrentar dificultades para articular su agenda de seguridad y para generar confianza en entidades encargadas de la persecución penal.
