El Informe de Finanzas Públicas (IFP) del cuarto trimestre, publicado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), abrió un fuerte flanco político en el Congreso al confirmar un deterioro fiscal que parlamentarios de oposición califican como una herencia complicada para la nueva administración. El documento llegó esta semana y encendió el debate sobre la capacidad fiscal del país de aquí en adelante.

El informe consigna que el déficit fiscal estructural alcanza 3,55% del Producto Interno Bruto (PIB), la cifra más alta en un periodo sin crisis y el tercer incumplimiento consecutivo de la meta fiscal del gobierno del Presidente Gabriel Boric. Esa brecha equivale, de acuerdo con la Dipres, a US$13.200 millones. El gobierno había prometido una meta de déficit estructural de 1,1% del PIB en la Ley de Presupuestos 2025.

La reacción más dura vino desde la Unión Demócrata Independiente, UDI. Juan Antonio Coloma, diputado de la UDI, dijo que "la herencia del Presidente Boric en materia económica es simplemente un desastre" y acusó errores en las estimaciones de ingresos fiscales. Coloma advirtió que la magnitud de la deuda dejaría al país en una situación límite.

Henry Leal, diputado de la UDI, puso el foco en la gestión de los ingresos: "13 mil millones de dólares es una deuda gigantesca. Este gobierno se equivocó todos los años en la estimación de los ingresos fiscales", señaló, y agregó que no hubo eventos extraordinarios como pandemia o terremotos que justificaran el aumento de la deuda.

Jorge Durán, diputado y ex militante de Renovación Nacional, advirtió que el saldo fiscal condicionará la capacidad de acción del presidente electo José Antonio Kast, quien asumirá el mando con un escenario que, según Durán, será "complejo y restrictivo" para reactivar la economía.

Contexto histórico y consecuencias. Este es el tercer año consecutivo en que la administración no cumple su meta fiscal, lo que rompe con la trayectoria de consolidación esperada después del período de pandemia. Un déficit estructural de 3,55% reduce el espacio fiscal para políticas sociales, inversiones públicas o respuestas anticíclicas. También implica mayores costos por servicio de la deuda, que pesan sobre el presupuesto y, por extensión, sobre la posibilidad de financiar programas sin aumentar gravámenes o recortar gasto.

Quién gana y quién pierde. Políticamente, la oposición capitaliza el hallazgo para criticar la gestión del gobierno saliente y presionar por ajustes fuertes en la próxima administración. Ciudadanos y beneficiarios de políticas públicas son los potenciales perdedores si la respuesta es una consolidación fiscal rápida que afecte gasto social. Los mercados y agentes financieros, en cambio, suelen favorecer señales claras de ajuste, lo que puede reducir presiones sobre el tipo de cambio y la tasa de interés si se anuncia un plan creíble.

¿Qué sigue? El informe refuerza la urgencia de que el equipo entrante de José Antonio Kast detalle cómo abordará la situación fiscal sin desordenar la recuperación económica. El gobierno saliente aún puede explicar causas puntuales del desfase, incluida la diferencia entre estimaciones de ingresos y recaudación efectiva. En el Congreso, la discusión pasará a medidas concretas en el presupuesto 2025 y a exigencias sobre transparencia en las proyecciones fiscales.

En ese contexto, la decisión clave será el equilibrio entre ajuste y crecimiento. Reducir el déficit requerirá decisiones sobre aumento de ingresos, recortes de gasto, o una combinación de ambas. Cada opción tiene costos políticos y sociales, y esa contabilidad definirá quién soporta el ajuste fiscal en los próximos años.