Ignacio Malig, director nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), delineó esta semana el alcance de una reforma a la Ley Indígena que el presidente José Antonio Kast anunció en la pasada cuenta pública. El eje del proyecto son los cambios al sistema de adquisición de tierras para comunidades originarias.

La reforma apunta a reemplazar el actual mecanismo de compra por uno con tasaciones a valor de mercado y trazabilidad auditable en cada operación. Malig, quien asumió por segunda vez la dirección del organismo, también adelantó la agilización en el otorgamiento de derechos reales de uso y goce individuales sobre las tierras. Esos derechos permitirían a los beneficiarios postular a subsidios habitacionales y servicios sanitarios que hoy no están al alcance de todos.

La propuesta no tiene fecha de ingreso al Congreso. Malig condicionó la presentación formal al cierre de un proceso de socialización con actores clave, seguido de la Consulta Indígena que exige el derecho internacional antes de cualquier cambio que afecte a pueblos originarios.

El marco legal que guiará esa consulta es el Decreto Supremo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tratado ratificado por Chile en 2008 que obliga al Estado a consultar a los pueblos indígenas sobre decisiones que los afecten. El propio director reconoció que existen procesos de consulta actualmente suspendidos, una tensión que el gobierno deberá resolver antes de avanzar.

El anuncio llega en un momento político sensible. La Ley Indígena, promulgada en 1993 bajo el gobierno de Patricio Aylwin, creó el Fondo de Tierras de la Conadi para restituir territorios a comunidades mapuche y de otros pueblos. Desde entonces, el mecanismo ha sido criticado por su lentitud y falta de transparencia en las tasaciones. La introducción del valor de mercado podría acelerar las compras, pero voces del mundo indígena advierten que la individualización de los derechos debilita la propiedad colectiva, base de la identidad comunitaria.

El gobierno no entregó cifras sobre el presupuesto que destinaría al Fondo de Tierras ni el número de familias que se beneficiarían con los nuevos derechos de uso individual.