Este 25 de febrero se cumple un año del megacorte eléctrico de 2025 que dejó a gran parte del país sin suministro, afectando desde Arica hasta la Región de Los Lagos y poniendo en evidencia la fragilidad de la infraestructura crítica.

En las semanas recientes la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la entidad reguladora conocida por sus siglas SEC, ha comenzado a materializar sanciones: la institución ha cursado multas a cinco empresas por un total de US$34 millones, y además sancionó a los cinco consejeros del Coordinador Eléctrico con 21 millones de pesos a cada uno. El Coordinador Eléctrico es el organismo que coordina la operación del sistema eléctrico a nivel nacional.

Frente a ese escenario, Javier Bustos, director ejecutivo de la Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados, Acenor, hizo un balance crítico sobre cómo se vivió el último año en el sector. Bustos, que antes fue director de Estudios y Regulación en el gremio Empresas Eléctricas A.G. y trabajó cuatro años en el Ministerio de Energía, representa a grandes usuarios industriales y de servicios, entre ellos Codelco, Los Pelambres (Amsa), Collahuasi y Metro de Santiago.

Bustos estima un impacto económico amplio por el corte, del orden de US$500 millones, y subraya que las multas no son en sí la respuesta que piden las empresas afectadas. "Lo que nos interesa a nosotros como clientes es qué es lo que se está haciendo para que esto no vuelva a pasar", dijo, aludiendo tanto a medidas técnicas como a protocolos de coordinación institucional.

Su diagnóstico apunta a fallas múltiples: intervenciones de operadores que no se coordinaron con el resto del sistema, déficit de mantención, ausencia de respaldo suficiente y vacíos en la coordinación entre organismos y empresas. Para Acenor, además de sanciones, es crucial clarificar las responsabilidades operativas y acelerar las compensaciones para clientes regulados y no regulados.

El balance que deja este año es doble. Por una parte, la fiscalización ya tradujo el corte en sanciones económicas y en debate público sobre gobernanza del sistema. Por otra, persiste la demanda de quienes representan grandes usuarios: no basta castigar lo ocurrido, hacen falta inversiones en mantención, protocolos de emergencia claros, y mayor transparencia en la operación del Coordinador Eléctrico. El sector energético, clave para la producción minera y el transporte urbano en Chile, enfrenta ahora la tarea de transformar la lección del apagón en medidas técnicas y regulatorias que reduzcan la probabilidad de una nueva crisis.