El Departamento de Estado de Estados Unidos informó el retiro de visas a tres funcionarios del Gobierno por “poner en riesgo la seguridad regional”, medida que, según la propia autoridad, está vinculada a un proyecto de cable submarino entre Chile y China. Juan Carlos Muñoz, ministro de Transportes y Telecomunicaciones, reconoció públicamente que está entre los sancionados y dijo que “lo lamento profundamente”.
La sanción, que según la nota oficial afecta a tres funcionarios, no ha detallado los nombres de los otros dos integrantes. Muñoz explicó que fue notificado recientemente de la revocación de su visa y defendió el trabajo del ministerio en materia de conectividad digital durante su gestión de cuatro años.
En su declaración, Muñoz recordó avances como un acuerdo con la empresa Google para cofinanciar un cable submarino que, según él, uniría la Región de Valparaíso con Sídney y sería el primer cable del Pacífico Sur. No obstante, en una reunión del 2 de febrero con Brandon Judd, embajador de Estados Unidos en Chile, el diplomático manifestó preocupación por una iniciativa que vincularía Valparaíso con Hong Kong, región administrativa especial de China, lo que introduce versiones distintas sobre el alcance y los socios del proyecto.
El caso plantea tensiones diplomáticas entre Santiago y Washington. Estados Unidos ha recurrido con frecuencia a restricciones de visado como herramienta de presión en la región, y la medida obliga a Chile a explicar públicamente las implicancias de proyectos de infraestructura digital que involucran a actores extranjeros.
¿Qué está en juego para los chilenos? El proyecto de cable afecta directamente la capacidad de conexión internacional y la resiliencia de la red, temas que inciden en servicios desde el comercio electrónico hasta la salud y la educación a distancia. Si la iniciativa se frena o demora por razones diplomáticas, los usuarios podrían sufrir retrasos en mejoras de conectividad que el gobierno plantea como prioritarias.
Quien gana con la medida es, en lo inmediato, la narrativa de seguridad regional impulsada por Washington; quien pierde es el Ejecutivo chileno y, potencialmente, los usuarios y empresas que esperaban mayor capacidad de tránsito de datos. También está en juego la percepción de Chile como destino seguro para inversiones en infraestructura crítica.
El gobierno no ha informado hasta ahora de una respuesta formal del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tampoco se han publicado los nombres de los otros dos funcionarios sancionados ni detalles técnicos del proyecto que motivó la decisión estadounidense. En ese escenario, los próximos pasos previsibles son solicitudes de aclaración diplomática y la revisión interna de los criterios de evaluación de proyectos de conectividad del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Históricamente, la discusión sobre quién controla infraestructuras críticas como los cables submarinos ha ido ganando protagonismo por su impacto estratégico. En ese contexto, la sanción estadounidense obliga a Chile a equilibrar sus objetivos de desarrollo digital con consideraciones de seguridad internacional, y abre un debate sobre la transparencia y el criterio técnico en la aprobación de inversiones extranjeras en infraestructura crítica.
