Hasta mediodía del viernes, Juan Gabriel Valdés, embajador de Chile en Estados Unidos (EEUU), tenía una agenda de reuniones en Santiago. La decisión anunciada por el senador estadounidense Marco Rubio de revocar las visas a tres funcionarios chilenos alteró esos planes y llevó a Valdés a contactar al canciller Alberto van Klaveren para coordinar una respuesta, antes de regresar a Washington el lunes.

Valdés calificó el episodio como una acción que busca enviar una señal política: "EEUU busca ilustrar al próximo Gobierno, y a otros de la región, lo que puede significar admitir inversiones chinas". Según el embajador, el origen del proyecto del cable submarino al que se aludió se remonta a la administración de Sebastián Piñera y continuó en el Gobierno de Gabriel Boric, y hay sectores que lo asocian incluso con iniciativas de la ex presidenta Michelle Bachelet.

El embajador subrayó que, pese a las tensiones políticas entre gobiernos, las relaciones económicas con Estados Unidos siguen siendo sólidas, algo que se refleja en que, hasta ahora, Estados Unidos es el principal inversionista en Chile. En ese marco, Valdés recordó que la evaluación de cualquier proyecto privado corresponde al Estado chileno y que la ley obliga a aplicar criterios técnicos para evitar demandas por discriminación ante los tribunales de justicia.

Sobre el proyecto en sí, Valdés explicó que una transnacional de origen chino planteó construir un cable después de que Chile hiciera un acuerdo con Google, pero que la iniciativa ha sido objeto de debate político y jurídico. El embajador advirtió que responder desde el exterior con sanciones o revocaciones de visas puede complicar la gestión diplomática y abrir litigios que terminarían en los tribunales chilenos.

La controversia se inserta en un contexto geopolítico más amplio, marcado por la competencia entre Estados Unidos y China por la infraestructura digital, las cadenas de suministro y la influencia en América Latina. La reacción de Washington, según Valdés, busca que los gobiernos de la región midan las implicancias estratégicas de aceptar ciertas inversiones, particularmente en sectores sensibles como telecomunicaciones y conectividad.

Para Chile, la tensión tiene efectos concretos: posible incertidumbre para inversores, retrasos en proyectos de conectividad y un dilema entre la soberanía en la decisión de inversiones y la presión externa. Además, el episodio puede complicar la agenda bilateral en áreas como comercio, inversión y cooperación tecnológica si la percepción de riesgo político aumenta.

Desde la perspectiva regional, la acción de actores políticos estadounidenses como Marco Rubio muestra que la presión hacia gobiernos latinoamericanos no es solo diplomática tradicional, sino que incorpora herramientas de señalización pública. Esto podría influir en otros países de la región que deban evaluar proyectos chinos de gran escala.

El gobierno chileno enfrenta por tanto una tarea doble: aplicar la ley de inversiones con rigor técnico para sostener la seguridad jurídica, y manejar la dimensión diplomática para no erosionar una relación económica que sigue siendo clave. Valdés volverá a Washington con ese mandato en la mochila, en un momento en que las decisiones sobre infraestructura digital adquieren una carga estratégica mayor.