En el panel del Congreso Futuro, Camila Rubio, directora nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), informó que la institución está evaluando la posibilidad de incorporar algas comestibles en los menús del programa de alimentación escolar. La conversación fue difundida por la radio Cooperativa durante el evento, donde se abordaron tanto los beneficios nutricionales como las exigencias técnicas que implica la medida (Cooperativa, Congreso Futuro).
Las algas marinas, también llamadas macroalgas o seaweed en inglés, son reconocidas por la comunidad científica por su perfil nutricional. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), muchas especies aportan yodo, fibra, proteína y minerales que pueden complementar la dieta de niñas y niños, especialmente en contextos con deficiencias micronutricionales (FAO).
Al mismo tiempo, organismos internacionales como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han advertido que algunas algas pueden contener niveles elevados de yodo natural o metales como el arsénico, según la especie y el lugar de recolección. Por eso, su uso en programas masivos exige protocolos de control de calidad y límites de ingesta establecidos por autoridades sanitarias (EFSA; OMS).
Expertos chilenos en nutrición y tecnología de alimentos consultados en torno a esta discusión coinciden en que la inclusión tiene potencial, pero debe acompañarse de pruebas piloto, análisis de riesgo y adaptación de recetas. Especialistas del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile señalan que funciones como el procesamiento térmico y el enjuague pueden disminuir compuestos no deseados, y que la aceptabilidad entre escolares debe evaluarse con recetas graduales.
Las barreras prácticas son varias. Junaeb tendría que asegurar una cadena de suministro estable y certificada, capacitar a equipos de cocina en colegios, diseñar menús culturalmente adecuados y considerar el costo frente a proveedores tradicionales. También hay desafíos regulatorios: definir especies autorizadas, límites de contaminantes y metodologías de control en laboratorios acreditados.
Para Chile existe además una oportunidad industrial y territorial. Con una extensa costa y una tradición de recolección y cultivo de recursos marinos, el país puede desarrollar cadenas de valor locales que abastezcan programas públicos, siempre que se invierta en estándares de inocuidad y en capacitación de pequeños productores.
La evidencia científica disponible muestra que, con controles adecuados, las algas podrían ser una herramienta para mejorar la densidad nutricional de menús escolares. Pero la diferencia entre propuesta y política pública exige pasos concretos: pilotos representativos, regulación clara sobre yodo y metales pesados, capacitación en manipulación y campañas de educación alimentaria dirigidas a estudiantes y familias.
Junaeb no anunció plazos ni un plan definitivo en el panel. El próximo paso lógico, según especialistas, sería lanzar ensayos piloto en comunas seleccionadas, junto a monitoreo nutricional y de seguridad alimentaria, para medir impacto en la aceptabilidad y en indicadores nutricionales antes de una implementación masiva. Mientras tanto, la conversación pública en el Congreso Futuro puso sobre la mesa una alternativa que combina nutrición y potencial productivo, pero que requiere evidencia, regulación y logística para convertirse en política pública viable.
