Perú vive una década de inestabilidad política, con ocho presidentes en 10 años. Como informamos ayer, el Congreso eligió a José María Balcázar, de 83 años, como presidente interino para un período que se extiende hasta el 28 de julio de 2026.
Balcázar ha generado indignación por sus declaraciones públicas sobre infancia y adolescencia. Según reportes, en 2023 fue el único legislador que se abstuvo de votar la prohibición del matrimonio infantil, y afirmó que “las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al desarrollo psicológico de una mujer”. También dijo que “no hay ningún impedimento” para vínculos con adolescentes desde los 14 años y normalizó relaciones entre profesores y alumnas. El Ministerio de la Mujer de Perú rechazó esas posturas.
Antecedentes y conducta pública: El presidente interino arrastra sanciones y procesos. Fue expulsado del Colegio de Abogados de Lambayeque, fue apartado en 2011 de funciones judiciales por “graves deficiencias”, y en abril de 2025 el Ministerio Público lo denunció por presunto cohecho. Balcázar admitió haber entregado el currículum de su nuera a un asesor de la fiscalía, aunque negó interferir en nombramientos.
Consecuencias inmediatas: Sus dichos reavivan el debate sobre la protección de menores en Perú y en la región. Generan rechazo de organizaciones de derechos humanos y de instituciones públicas que velan por la infancia. Además, alimentan la percepción internacional de fragilidad institucional en Lima, lo que puede afectar cooperación, inversiones y proyectos bilaterales.
Relevancia para Chile: La crisis peruana tiene efectos directos en Chile. El cambio continuo de gobiernos altera acuerdos comerciales, programas de desarrollo y la gestión de flujos migratorios. El gobierno chileno ya sigue el proceso; en ese marco, el futuro canciller Francisco Pérez Mackenna se reunió con el Banco Interamericano de Desarrollo, el organismo financiero regional, y dijo ser “respetuoso” del nuevo nombramiento. Para la ciudadanía chilena, la lección es clara: la protección de niños y adolescentes no admite retrocesos, y la estabilidad institucional de países vecinos influye en comercio, inversiones y migración.
Históricamente, discursos públicos que relativizan la edad de consentimiento o el matrimonio infantil suelen preceder retrocesos en políticas de protección y mayor vulnerabilidad para niñas y adolescentes. Quién gana: actores políticos que explotan la polarización y la desinstitucionalización del Estado. Quién pierde: menores, defensores de derechos humanos, y la credibilidad internacional de Perú. Para Chile, esto es una advertencia: reforzar marcos legales, fiscalización y campañas educativas. También exige coordinación regional para proteger a la infancia ante discursos que pueden normalizar la violencia y la desigualdad de poder.
Si hay aspectos sin confirmar: algunos detalles sobre procesos judiciales y sanciones provienen de investigaciones periodísticas y fuentes judiciales; si surgen nuevas imputaciones o resoluciones, la evaluación pública debe actualizarse.
