Las municipalidades de Santiago y Recoleta suscribieron un convenio para coordinar acciones de seguridad en la franja limítrofe entre ambas comunas, según los comunicados oficiales, cuya fecha no fue precisada por las oficinas municipales. El acuerdo, sustentado en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, busca ordenar tareas técnicas, operativas y administrativas compartidas para enfrentar desafíos delictuales comunes.
El texto contempla, entre otras medidas, el monitoreo preventivo con drones, patrullajes conjuntos, el intercambio de información sobre acciones delictuales y la coordinación de apoyo en procedimientos que comienzan en una comuna y terminan en la otra. La iniciativa tendrá una vigencia inicial de un año, con renovación automática por el mismo período, y establece evaluaciones periódicas para medir el cumplimiento de objetivos, según las municipalidades.
Mario Desbordes, alcalde de Santiago y militante de Renovación Nacional, valoró que el convenio “le pone, además, sustento legal al esfuerzo que hacemos a diario”, y destacó la necesidad de trabajar de forma colectiva para recuperar el límite comunal. Por su parte, Fares Jadue, alcalde de Recoleta y militante del Partido Comunista, dijo que el acuerdo permite abordar problemas en la frontera y regularizar actuaciones frente a incivilidades y comercio irregular. Ambas citas fueron entregadas por las respectivas oficinas de prensa.
El pacto llega en un momento de tensión pública sobre seguridad y control policial en la capital. En años recientes han aflorado denuncias y procesos contra miembros de las fuerzas, como la condena a cuatro carabineros de la 21ª Comisaría de Estación Central por torturas y apremios ilegítimos entre 2016 y 2018, y casos de violencia investigados por la Policía de Investigaciones de Chile, conocida por sus siglas como PDI. Esa trama de relatos judiciales y policiales nutre el debate sobre cómo se ejerce la seguridad en barrios urbanos densos.
Fuentes municipales no detallaron en su comunicado cómo se articulará la coordinación operativa con Carabineros de Chile, la policía uniformada nacional, ni qué protocolos de privacidad o protección de datos se aplicarán al uso de drones. Tampoco precisaron qué unidades técnicas harán las evaluaciones periódicas que establece el convenio. Esas vacantes podrían determinar la efectividad del acuerdo y la percepción ciudadana sobre control y garantías.
La fórmula pactada entre Santiago y Recoleta es, desde lo institucional, una apuesta por la colaboración intermunicipal en seguridad, un terreno que en Chile ha crecido ante la demanda ciudadana por respuestas locales. Ahora quedará ver cómo se implementan las medidas en terreno, qué indicadores se usan para evaluar resultados, y si la coordinación municipal se traduce en menos delitos percibidos por los vecinos y vecinas de la franja compartida.
