El proyecto nace como moción de los senadores Alfonso De Urresti, Francisco Chahuán, Sergio Gahona, Ricardo Lagos y Juan Ignacio Latorre. Propone modificar la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores para crear un sistema voluntario de ecoetiquetado que entregue información ambiental clara y verificable.
La Comisión de Medio Ambiente del Senado aprobó en general la iniciativa en primer trámite constitucional. Ahora la iniciativa será analizada por la Sala del Senado. En la comisión expusieron el subdirector de Producción Sustentable de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, Sebastián Carvallo; la coordinadora de Acuerdos de Producción Limpia, Daniela Vásquez; y la directora ejecutiva de Fundación Basura, Tamara Ortega.
Qué contempla la norma: El ecoetiquetado será voluntario. Exige que los productos incluyan información visible en su envase, embalaje o documentación sobre ciclo de vida, reciclabilidad, composición de materiales, consumo energético y otras variables ambientales. Las etiquetas deben incorporar al menos un pictograma estandarizado aprobado por la autoridad, parámetros ambientales evaluados, por ejemplo la huella de carbono expresada en kilogramos, y un código QR con información detallada. El acceso al sistema estará condicionado a criterios definidos por una entidad calificadora acreditada e independiente.
Consecuencias previsibles: Para los consumidores significa mayor información y herramientas para elegir productos con menor impacto ambiental. Para empresas sostenibles ofrece una vía para diferenciarse en el mercado. Para el mercado en general puede aumentar la transparencia y reducir el llamado greenwashing, es decir, declaraciones ambientales engañosas. Sin embargo, la certificación y la verificación implican costos, que pueden afectar especialmente a pequeñas y medianas empresas si no se diseñan apoyos o escalas de certificación.
Análisis y precedentes: Históricamente Chile ha impulsado certificaciones privadas y programas públicos, como los Acuerdos de Producción Limpia, pero no existía hasta ahora un marco legal nacional uniforme de ecoetiquetado. El proyecto busca alinear la normativa con estándares internacionales, como las normas ISO, la Organización Internacional de Normalización que dicta estándares técnicos a nivel global. Eso puede mejorar la competitividad de exportaciones chilenas ante mercados que reclaman trazabilidad ambiental, pero también obliga al Estado a fiscalizar la calidad de los acreditadores.
Quién gana y quién pierde: Ganan los consumidores que buscan información confiable y las empresas con prácticas ambientales probadas. Pierden quienes se sustentan en publicidad ambiental imprecisa. También existe riesgo de que las pymes enfrenten barreras iniciales por costos de certificación, salvo que el debate legislativo incluya mecanismos de soporte.
Siguientes pasos: El proyecto va a la Sala del Senado para el debate en general y particular. Si la Sala lo aprueba, continuará su trámite constitucional normal hasta su despacho final. El calendario y las indicaciones que puedan introducir los senadores determinarán en gran medida el alcance práctico de la medida.
