La muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desalojada el 23 de septiembre de su casa en el barrio madrileño de Retiro, reavivó esta semana las protestas por la vivienda en toda España. También desató una dura disputa entre los partidos, que ya están en precampaña para las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre.
Según informó La Tercera, Abascal vivió 71 años en ese departamento con un contrato de renta antigua de 1956, heredado de su padre. Con una pensión de 1.400 euros, pagaba cerca de 500 euros mensuales entre arriendo y cuentas, de acuerdo con el diario El País.
El conflicto comenzó en 2018, cuando la empresa Urbagestión compró el departamento por 240 mil euros. En 2020 los propietarios le pidieron dejarlo, argumentando que el contrato ya se había subrogado dos veces. Desde entonces intentaron desalojarla cuatro veces y rechazaron ofertas para pagar la diferencia del arriendo o comprar la vivienda.
Tras el desalojo, Urbagestión llegó a un acuerdo el 28 de septiembre para que volviera a su casa, según confirmó Ana de Miguel, directora de la empresa de vivienda del Ayuntamiento de Madrid. La organización de la acampada en la Puerta del Sol lamentó que ese acuerdo llegara "tarde" y que la mujer muriera en la cama de hospital a la que llegó en camilla el día del desalojo.
El caso se convirtió en símbolo de la crisis habitacional española, marcada por la falta de vivienda, el alza de precios y la especulación inmobiliaria. La acampada en Sol, instalada desde el 26 de septiembre, suma más de 1.200 carpas. El Sindicato de Inquilinas convocó una marcha desde ahí hasta la casa de Abascal.
Las movilizaciones se extendieron a Barcelona, donde organizaciones convocaron una protesta bajo el lema "Por Olga y Maricarmen: ¡El negocio de la vivienda mata!". Olga, de 54 años, se suicidó el 7 de septiembre tras ser desalojada en L'Hospitalet de Llobregat. En Sevilla, Málaga, Granada y Almería también se mantienen acampadas.
El trasfondo político es intenso. El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, impulsó dos decretos de vivienda que el Congreso de los Diputados rechazó, lo que lo llevó a adelantar las elecciones. Luego el Consejo de Ministros volvió a aprobarlos. Incluyen préstamos a interés cero de hasta 50 mil euros para la primera vivienda, con un fondo de 10.000 millones de euros, y que el Estado pague las deudas de arriendo de familias sin alternativa.
Las reacciones dividieron al espectro político. Vox, el partido de extrema derecha de Santiago Abascal, culpó a Sánchez y su eurodiputado Hermann Tertsch pidió una autopsia. Alberto Núñez Feijóo, líder del opositor Partido Popular (PP), pidió no usar la muerte con fines partidistas, aunque luego advirtió contra una "manipulación emocional". Ione Belarra, secretaria general de Podemos, habló de "asesinato".
En la Asamblea de Madrid, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, dijo que "en las calles de Madrid no va a haber paz", lo que provocó un choque con la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. Sánchez expresó sus condolencias en X y dijo sentir la pérdida como propia.
Para el lector chileno, el caso tiene ecos conocidos. El debate sobre el acceso a la vivienda, los arriendos y el rol de los grandes propietarios también está presente en Chile y en otras ciudades latinoamericanas.
La próxima prueba será la huelga general convocada para el 11 de noviembre, la primera en 14 años en España, a menos de tres semanas de las elecciones.
