Maricarmen Abascal, la española de 87 años cuyo desalojo en Madrid encendió protestas masivas por el derecho a la vivienda, murió este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón tras quince días internada. Así lo informó el Sindicato de Inquilinas, organización española de defensa de arrendatarios, en un comunicado firmado también por sus abogados y su familia.
Según El Mostrador, que cita a la agencia EFE, el sindicato lamentó que "si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde". La organización calificó lo ocurrido como una situación evitable tras un proceso torturante.
Abascal fue desalojada el 23 de septiembre del departamento del barrio de Retiro donde vivió 71 años. Ocupaba la vivienda con un contrato de renta antigua de 1956, heredado de su padre, según detalló el diario El País citado por La Tercera.
En 2018, la empresa Urbagestión compró el inmueble por 240 mil euros. Con una pensión de 1.400 euros, la mujer nunca dejó de pagar el arriendo ni las cuentas, que sumaban unos 500 euros mensuales. En 2020 los dueños le exigieron dejar el departamento, porque el contrato ya se había traspasado dos veces, primero a su madre y luego a ella.
Desde entonces, los propietarios intentaron desalojarla cuatro veces. Rechazaron las propuestas para pagar la diferencia del arriendo y también para comprar el departamento. BioBioChile reportó que el arriendo subió un 275%, hasta 2.650 euros mensuales, casi 3 millones de pesos chilenos. La Tercera, en cambio, menciona una diferencia exigida de 1.600 euros.
Su caso fortaleció las protestas que terminaron en una acampada en la Puerta del Sol, la plaza central de Madrid, y llevó al gobierno del presidente Pedro Sánchez a aprobar dos decretos de protección para casos como el suyo. El Congreso de los Diputados, donde la oposición tiene mayoría relativa, derogó ambos decretos.
Ante ese bloqueo, Sánchez disolvió el Parlamento y convocó a elecciones anticipadas. El comunicado del sindicato menciona además la convocatoria a una huelga general y afirma que el costo para llegar hasta aquí ha sido demasiado alto.
La crisis española resuena en Chile, donde el acceso a la vivienda y el alza de los arriendos también tensionan la agenda pública. El caso muestra cómo un conflicto habitacional puntual puede escalar hasta reordenar el calendario político de un país.
Los españoles volverán a las urnas el 29 de noviembre, con la vivienda como uno de los ejes de la campaña.
