La Fundación Defendamos la Ciudad ingresó el domingo 22 de febrero una denuncia ante la Contraloría General de la República para que se investigue la eventual responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas, por el diseño de la autopista General Velásquez vinculada al siniestro del camión de Gasco ocurrido el 19 de febrero en la comuna de Renca.

El documento fue registrado con el folio 232650-2026 y está dirigido a la contralora general, Dorothy Pérez. En la presentación la fundación solicita que la Contraloría analice la responsabilidad de la Dirección General de Concesiones, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, y de la Dirección de Vialidad en las decisiones técnicas que rigieron el proyecto vial donde se produjo el accidente.

La denuncia se apoya, según el propio escrito, en antecedentes contenidos en el Informe Final de Investigación Especial N° 87 de 2020, que examinó modificaciones al contrato de concesión del sistema Américo Vespucio Nor-Poniente. Ese informe recogió observaciones de la Contraloría sobre la compatibilidad del proyecto con lo dispuesto en el Manual de Carreteras del MOP. Para vías diseñadas a 100 km/h o más, el manual establece un ancho mínimo de mediana de 6 metros, señala la fundación.

En su presentación, Defendamos la Ciudad sostiene que en ampliaciones previas se autorizó una mediana considerablemente menor y que, en su lugar, se dejaron barreras prefabricadas de hormigón, del tipo conocido como "New Jersey", como única separación entre calzadas de alta velocidad. Respecto del accidente en General Velásquez, el escrito indica que la mediana y las barreras del sector del vuelco del camión no cumplirían con los estándares del Manual de Carreteras.

La fundación añade que los registros audiovisuales dados a conocer por medios de comunicación muestran cómo el camión volcó en una curva, se desplazó lateralmente y golpeó las barreras, las que habrían cedido, permitiendo la invasión de la calzada contraria y la colisión posterior con otro vehículo de carga. Ese material fue citado en notas periodísticas y en las investigaciones preliminares que tramita la Fiscalía, que continúa las indagatorias y que ha recibido cooperación de la empresa Gasco.

El escrito presentado ante Contraloría pide un examen técnico sobre el diseño y la eventual vulneración de normas en la ejecución y recepción del proyecto vial. El texto público no detalla una lista exhaustiva de documentos solicitados, aunque en investigaciones de este tipo es habitual que la Contraloría requiera los expedientes técnicos, las modificaciones contractuales, los estudios de impacto y los informes de fiscalización administrativa y supervisión.

Si la Contraloría admite la denuncia, su investigación podría culminar en un pronunciamiento público que determine fallas administrativas, ofrezca recomendaciones de corrección, y eventualmente aplique sanciones administrativas o administrativas-contables a quienes resulten responsables. Un informe de la Contraloría también podría ser utilizado por la Fiscalía y por eventual litigio civil de las víctimas o sus familiares, pero cualquier consecuencia dependerá de los hallazgos técnicos y jurídicos que se acrediten durante el examen.

Hasta ahora, la Contraloría no ha informado públicamente sobre la admisibilidad o apertura de un sumario interno vinculado a este folio. Mientras tanto, en la autopista continúan los trabajos de reparación y reposición de barreras y pórticos en el sector afectado, y las familias de las víctimas esperan la identificación oficial y el avance de las investigaciones penales y administrativas.

El caso plantea nuevamente preguntas sobre el diseño y la fiscalización de concesiones viales en áreas urbanas densas, y sobre los estándares técnicos que se aplican cuando se rediseñan vías existentes. La resolución de la Contraloría y la respuesta del MOP serán claves para determinar responsabilidades administrativas y para eventuales cambios en criterios de seguridad vial en proyectos futuros.