Vi en Instagram la historia de un joven con autismo que mostraba la foto de su título universitario, obtenido en una casa de estudios chilena de prestigio. Contaba que fueron cinco años marcados por la discriminación de algunos compañeros, las barreras del sistema y un desgaste emocional que casi lo obliga a abandonar. Estudió Educación Diferencial.

La anécdota no es aislada. En la ficción, un capítulo de The Good Doctor, serie médica estadounidense, plantea algo parecido: un cirujano autista conecta con un paciente, pero los padres se niegan a confiarle la operación. La escena incomoda porque deja al descubierto lo esencial, que no es la capacidad de la persona, sino la desconfianza fundada en prejuicios.

En lo real, hay historias como la de Pablo, egresado de TACAL, que no pudo titularse en Trabajo Social por el bullying de compañeros y profesores. Son relatos que muestran una pieza clave de la exclusión: formadores y pares que no reconocen las capacidades. Cuando quienes deben abrir puertas dudan, la puerta sigue cerrada.

Las cifras que se manejan en el debate público ayudan a dimensionarlo. Más del 17% de las personas adultas en Chile vive con alguna discapacidad, cerca de 3 millones de ciudadanos. A pesar de ello, la tasa de empleo alcanza solo al 40%, mientras que más de 1,6 millones permanecen fuera del mercado laboral. En 2024, más de 12 mil estudiantes con discapacidad cursaron educación superior en Chile, pero la tasa de acceso efectiva es baja, 0,46%, menos de 1 de cada 200 personas.

Es decir, hay talento en las aulas y títulos en manos de quienes enfrentaron barreras. El problema que persiste es que la sociedad, las instituciones y el mundo del trabajo no han terminado de confiar. Esa desconfianza se expresa en prácticas educativas que no hacen ajustes razonables, en evaluaciones y prácticas profesionales sin apoyo, y en empleadores que todavía cuestionan la idoneidad de quienes tienen discapacidad.

¿Qué se puede exigir ahora? Primero, formación obligatoria y evaluable para docentes y equipos de práctica sobre inclusión y ajustes razonables. Segundo, protocolos explícitos en universidades para acompañar prácticas profesionales y procesos de titulación. Tercero, políticas activas de empleo que incentiven la contratación con apoyos, y supervisión de su cumplimiento por parte de autoridades responsables.

No son medidas mágicas, pero sí prácticas que traducen la buena intención en resultados concretos. Confiar no es delegar responsabilidades, es revisar procesos, financiar apoyos y exigir estándares de inclusión en instituciones formadoras y empleadoras.

El cierre no es solo estadístico. Es humano: reconocer que un título no elimina una historia de discriminación, pero obliga a la sociedad a dejar de usar ese título como argumento para justificar la desconfianza. Si la discapacidad no debe ser límite, entonces el principal límite que queda por derribar es el prejuicio institucional y social.