La Contraloría General de la República, dirigida por Dorothy Pérez, publicó en el Diario Oficial el sábado 21 de febrero la Resolución N° 3, de 26 de enero de 2026, que incorpora un nuevo numeral que obliga a remitir a toma de razón ciertas normas de aplicación general emitidas por organismos públicos.

El numeral 16.5 establece que deben ingresar a toma de razón los actos que aprueben o contengan “normas, instrucciones, guías u orientaciones de aplicación general” emanados de siete organismos: el Consejo de Monumentos Nacionales; el Ministerio de Salud; el Ministerio de Educación; el Ministerio de Vivienda y Urbanismo; el Ministerio del Medio Ambiente; el Servicio de Evaluación Ambiental; y la Dirección General de Aguas. La resolución incluye también a sus secretarías regionales ministeriales. La toma de razón es el trámite mediante el cual la Contraloría revisa y deja constancia de la legalidad de actos administrativos.

La medida fue recibida con inquietud por actores del mundo privado y con entusiasmo por sectores que piden mayor control técnico de la administración. Rodrigo Andreucci, abogado inmobiliario, calificó la resolución como "un mazazo para el nuevo gobierno" y advirtió que habrá una avalancha de guías, instructivos y circulares antes del 31 de mayo que luego podrían ser impugnados en la Contraloría o en tribunales. Andreucci interpreta que la resolución limita la posibilidad del Ejecutivo de reinterpretar leyes por vía reglamentaria.

Otros observadores sostienen que la norma simplemente clarifica la obligación de control administrativo sobre actos de alcance general y traerá mayor seguridad jurídica a largo plazo. Para autoridades de la Contraloría, el reforzamiento del trámite busca evitar que instrucciones de alcance masivo se impongan sin el previo control de legalidad que protege la soberanía de la ley.

En la práctica, el cambio puede afectar sectores clave de la economía chilena. El Servicio de Evaluación Ambiental revisa proyectos mineros y energéticos, la Dirección General de Aguas regula derechos de agua que son esenciales para la agricultura y la minería, y el Ministerio de Vivienda influye directamente en obras y permisos de construcción. Una mayor exigencia de toma de razón puede traducirse en retrasos administrativos, aumento de impugnaciones y mayor incertidumbre para inversiones en minería, acuicultura, inmobiliaria, retail y concesiones.

Políticamente, la resolución llega a menos de un mes de que José Antonio Kast asuma la presidencia el 11 de marzo, y golpea directamente el llamado plan de agilización de proyectos que la próxima administración ha promovido. El cambio abre un debate sobre el equilibrio entre la necesidad de acelerar inversiones y la obligación del Estado de garantizar la legalidad y la transparencia en normas de alcance general.

Este episodio se suma a una serie de intervenciones públicas de la Contraloría en los últimos meses, que incluyen denuncias y auditorías a proyectos y pagos públicos, lo que reafirma su papel como fiscalizador activo en asuntos de interés público.

En los próximos días es probable que se observe una oleada de circulares y guías emitidas por ministerios y servicios, así como recursos de organizaciones y empresas que se sientan afectadas. El conflicto se dirimirá en sede administrativa y, posiblemente, en tribunales, y marcará cómo se ejercerá la facultad reglamentaria del Ejecutivo y la protección del control preventivo en la administración pública chilena.