La muerte de un niño de 12 años en San Bernardo durante una encerrona, un asalto en que los delincuentes bloquean un vehículo para robarlo, reabrió el debate sobre si las Fuerzas Armadas deberían patrullar las ciudades chilenas. El Presidente José Antonio Kast cerró esa puerta este jueves.
Lo hizo en Lautaro, Región de La Araucanía, durante un encuentro ciudadano, y eligió un argumento personal sobre uno legal: recordó el caso del conscripto Carlos Robledo.
Robledo tenía 18 años en octubre de 2019, cumplía el servicio militar voluntario, y estaba desplegado en La Serena cuando el estado de excepción constitucional del estallido social puso a los militares en las calles. Por orden de un superior, abrió fuego y mató a un manifestante. La condena fue de 10 años de cárcel. Según Kast, sigue preso.
"No quiero arriesgar a jóvenes que salen con armamento de guerra a resguardar a la ciudadanía, porque después pueden quedar abandonados", dijo el mandatario.
El biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, quien ocupa ambas carteras de forma simultánea, ya había anticipado la postura desde el Congreso: los esfuerzos del gobierno apuntan a fortalecer a Carabineros y a la Policía de Investigaciones (PDI), no a ampliar las funciones de los militares en los centros urbanos.
El debate no es nuevo. Cada crimen de alto impacto activa la presión para desplegar al Ejército en las calles, y el gobierno de turno suele resistirla por razones doctrinarias o legales. Kast tomó un camino distinto: en lugar de hablar de marcos normativos, puso una cara y un nombre al riesgo.
Hasta la publicación de esta nota, el Ejecutivo no había dado a conocer medidas concretas adicionales tras el asesinato de San Bernardo.
