El plan "Chile despega, con más pega", que el Gobierno lanzó a fines de septiembre, puede alcanzar su meta de crear 100 mil empleos entre 2026 y 2027, pero no resuelve el fondo de la crisis laboral. Esa es la conclusión de los expertos consultados, según BioBioChile.
El programa moviliza $1,3 billones y llega con el desempleo en 9,5%, la última cifra disponible. Eso equivale a cerca de 990 mil personas sin trabajo, a lo que se suma una informalidad que se resiste a bajar.
La plata se reparte en varios frentes. Hay $800 mil millones para obras de rápida ejecución, $130 mil millones para adelantar pagos a proveedores de salud y hasta $300 mil millones para reforzar el Fogape, el fondo estatal que garantiza créditos a pymes. Además, el plan considera US$100 millones en subsidios a la contratación.
Los ministerios de Vivienda y Obras Públicas son los grandes protagonistas, tal como había adelantado el Ejecutivo en las semanas previas al anuncio.
Víctor Silva, economista de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago (Usach), cree que el efecto de corto plazo es real. Pavimentación, agua potable rural y mejoramiento de viviendas se pueden activar en semanas y requieren mucha mano de obra.
El problema es cuánto duran esos puestos. "El plan compra tiempo, no resuelve el problema de fondo", dijo Silva. Según el académico, el empleo de largo plazo lo crea la inversión privada y no el Estado con obras.
Piénsalo como un puente: si Chile Despega sostiene a los trabajadores mientras se concretan proyectos privados con aprobación ambiental, habrá cumplido. Si no, Silva advierte que en 2028 el país estará discutiendo un segundo plan de emergencia.
Felipe Oyarzún, analista de mercados de la corredora XTB, considera que la meta "no parece imposible por sí sola", porque no depende solo de los subsidios. Su duda es otra: cuántos puestos serán empleos netos nuevos y cuántos son contrataciones que las empresas habrían hecho igual.
Esa misma crítica la planteó el exministro de Hacienda Ignacio Briones. Calificó los US$100 millones en subsidios como "completamente insuficientes" y dijo que son "menos que una aspirina". Su reparo: el diseño permitiría que una empresa despida a alguien y contrate a otra persona con el beneficio.
Aldo Sepúlveda, director general de la consultora Talentfinder, apunta a la informalidad, sobre todo en la construcción y en proyectos regionales. Los contratistas informales no enfrentan los mismos costos ni entregan las mismas protecciones, así que, a su juicio, hace falta una fiscalización fuerte para que las obras generen empleo formal.
Los tres coinciden en que el resultado dependerá de cuánto gasto se ejecute de verdad. Sepúlveda pide transparentar cuántos de los 100 mil empleos son realmente nuevos y cuántos son formales, más allá de la cifra anunciada.
El debate ya se trasladó al Presupuesto 2027: la oposición, encabezada por el PPD y la DC, pidió al Gobierno subir la meta a 250 mil empleos.
