En el despliegue previo a la instalación del nuevo gobierno, el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, recibió este viernes a la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, para presentar el trabajo municipal en prevención y persecución del delito y coordinar esfuerzos con la futura cartera.
Steinert explicó que su equipo ha iniciado un recorrido por distintos organismos para conocer experiencias locales antes de asumir formalmente. Señaló especial interés en la tecnología municipal que la comuna utiliza contra organizaciones criminales, particularmente en el combate al tráfico ilícito de drogas.
La futura ministra destacó además el despliegue operativo visible en la comuna y la presencia de vehículos municipales como muestra de autoridad local. También puso el énfasis en la necesidad de fortalecer herramientas para la persecución penal, y mencionó que mejorar la disponibilidad de cámaras y su integración con las investigaciones será un desafío para el Ministerio de Seguridad.
Consultada sobre la discusión pública en torno al concepto de “gobierno de emergencia”, Steinert relativizó la polémica y centró su llamado en los resultados. "Independiente de las palabras que usemos, lo importante es que nosotros empecemos a trabajar en terreno, podamos construir mayor seguridad para los chilenos y chilenas, que esto se evidencie en actos concretos", dijo.
El alcalde Miguel Concha detalló ejes prioritarios para Peñalolén durante la reunión, según la municipalidad, aunque la lista completa no fue entregada en la declaración pública difundida por el municipio.
Este encuentro se produce en un contexto local con incidentes recientes: la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a tres personas, entre ellas una menor, por robos en la comuna; además hubo un incendio en la Quebrada de Macul que movilizó recursos aéreos y terrestres, y cortes programados anunciados por Enel, la empresa eléctrica, han afectado servicios en la Región Metropolitana. Esos episodios alimentan la urgencia municipal por mejorar prevención y respuesta.
Políticamente, el acto posiciona a comunas con capacidad operativa y tecnología como interlocutores claves frente al nuevo Ministerio de Seguridad. Quienes ganan con ese enfoque son las municipalidades que ya aplican prácticas replicables y los vecinos que pueden ver mayor presencia estatal. Quienes podrían perder son actores criminales, pero también existe un riesgo de tensiones sobre privacidad y coordinación institucional si no hay protocolos claros.
Para que las medidas en terreno se traduzcan en resultados efectivos, será necesaria la coordinación con la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile y el Ministerio Público, además de acuerdos técnicos y legales sobre uso de datos y evidencias. La promesa de relativizar el lenguaje pone el acento en la implementación; la prueba será si, tras la instalación del gobierno, estas visitas se convierten en políticas nacionales con impacto medible en la seguridad ciudadana.
