En Chile, la última encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a la primera semana de marzo, muestra que el presidente Gabriel Boric cierra su mandato con una calificación promedio de 3,7. El sondeo se aplicó por teléfono a 710 casos efectivos, entre hombres y mujeres mayores de 18 años en 190 comunas de las 16 regiones del país.
El estudio señala además que el mandatario obtiene 37% de aprobación y 58% de desaprobación. En la valoración por nota, un 22% entregó calificaciones entre 6 y 7, un 18% otorgó nota 5, un 13% dio nota 4 y un 46% puso notas entre 1 y 3. Respecto a la percepción sobre el gobierno en su conjunto, el informe consignó que solo un 29% evalúa positivamente la gestión de Boric.
Históricamente, Cadem posiciona este balance como el más bajo desde el retorno a la democracia en 1990. En contraste, el primer gobierno de Sebastián Piñera registra 68% de valoración como el mejor desde 1990, su segundo mandato 53% y el primer gobierno de Michelle Bachelet 52%. Ese marco comparativo convierte la cifra de Boric en un antecedente político relevante para la opinión pública.
Por áreas de gestión, el Gobierno obtiene mejores notas en transporte (53%), medioambiente (50%) y desarrollo energético (44%). En cambio, la encuesta destaca críticas marcadas en seguridad, control migratorio y corrupción. El documento entregado a este medio incluye el dato de inmigración con 24%, pero la copia proporcionada quedó incompleta respecto de las cifras exactas para seguridad y corrupción, por lo que no es posible consignarlas aquí con precisión.
Quién gana y quién pierde. Gana la narrativa opositora que capitaliza el descontento ciudadano y logra instalar la cuestión de la seguridad y la inmigración como ejes de crítica. Pierde el oficialismo su capital político para avanzar en las últimas reformas y en la defensa de su legado. La baja valoración también complica la transición al próximo gobierno, en un contexto en que ha habido tensiones públicas en el traspaso con el presidente electo José Antonio Kast, según reportes recientes.
El impacto para el ciudadano común es directo. Una aprobación en torno a estas cifras reduce la capacidad del Ejecutivo para impulsar medidas en las semanas finales. Además, el malestar se enmarca en una situación económica sensible: encuestas recientes muestran que una mayoría enfrenta deudas impagas y dificultades para cubrir gastos, lo que alimenta la insatisfacción con la gestión pública.
En perspectiva, el registro de Cadem no solo consigna un dato estadístico. Señala un fenómeno político y social: baja confianza en el Gobierno, prioridades ciudadanas no resueltas, y un escenario que deja al oficialismo más débil políticamente y a la oposición con un mayor espacio de acción en la agenda pública. Quedan semanas de gestión, y la capacidad de cerrar con acuerdos o medidas concretas definirá parte del legado que hoy la ciudadanía valora con una nota baja.