En declaraciones públicas recientes, el exalcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, criticó duramente al gobierno del presidente Gabriel Boric por la forma en que manejó la controversia en torno al proyecto de cable submarino impulsado por la empresa China Mobile. Sharp dijo que la reacción del Ejecutivo facilitó un conflicto diplomático con Estados Unidos y puso en riesgo una oportunidad estratégica para la conectividad con Asia-Pacífico.

Sharp, quien fue candidato a diputado hace poco, acusó a La Moneda de falta de convicciones políticas y de un manejo comunicacional deficiente. "Lo peor en política es no tener convicciones. Porque tener convicciones permite defender la posición propia y pelear por ella especialmente cuando choca con otros intereses", afirmó. Agregó que, si el gobierno consideraba beneficioso el proyecto, debía sostenerlo públicamente y disputar el relato mediático.

El foco de la crítica es doble. Por un lado, Sharp sitúa el episodio como un problema estratégico: perder el cable significaría perder una conexión directa con mercados de Asia-Pacífico, en un momento en que la era digital exige infraestructura estable y rápida. Por otro lado, señaló un costo político inmediato para el Ejecutivo, al quedar "presa del juego político que le hizo el embajador de Estados Unidos en Chile", sin que Sharp especificara el nombre del diplomático en sus declaraciones.

Históricamente, las decisiones sobre infraestructura estratégica han obligado a Chile a equilibrar relaciones entre grandes potencias. En ese contexto, la disputa del cable recuerda debates previos sobre inversión extranjera y soberanía tecnológica, donde la claridad de la política pública y la comunicación han sido determinantes para el resultado final.

En términos de actores, la crítica beneficia a la oposición y en particular a figuras de la derecha que ya cuestionaron el proyecto, entre ellas José Antonio Kast, líder del Partido Republicano y ex candidato presidencial chileno. El gobierno, en cambio, enfrenta el desgaste de no haber articulado una defensa pública sostenida, según Sharp. Para la ciudadanía, las consecuencias son concretas: menos opciones de conectividad internacional y potenciales costos económicos y de competitividad para empresas y usuarios.

El debate seguirá abierto. Si el Ejecutivo quiere recomponer el terreno perdido, deberá explicar con datos técnicos y estratégicos por qué un proyecto así conviene o no al país, y cómo se resguardan los intereses nacionales frente a presiones externas. Mientras tanto, la controversia deja ver una tensión clásica en la política exterior chilena entre autonomía estratégica y la influencia de aliados clave.