Anuar Quesille, defensor de la Niñez, salió a desmentir a Mara Sedini, futura vocera del gobierno de José Antonio Kast, luego de que ella afirmara que el gobierno de Gabriel Boric intentaba dejar “un cupo amarrado” en la Defensoría de la Niñez. La declaración de Quesille se conoció horas después de las declaraciones de Sedini en Radio Duna, donde dijo que el Ejecutivo actual "intenta pasar gato por liebre, con la ley de amarre, con intentar dejar un cupo amarrado en la Defensoría de la Niñez".
En un video publicado en la red social X, Anuar Quesille recalcó que "Somos una institución autónoma del Estado, independiente del gobierno de turno" y explicó que la máxima autoridad de la Defensoría es elegida por el Senado cada cinco años. Quesille agregó que su mandato “finaliza recién a fines del año 2028”, un dato que enfatizó para despejar dudas sobre supuestas maniobras de última hora.
La disputa ocurre en un contexto de traspaso ejecutivo, donde el equipo del presidente electo José Antonio Kast acelera reuniones bilaterales para asegurar continuidad administrativa. A menos de veinte días del cambio de mando, las versiones contrapuestas sobre la autonomía de órganos públicos generan tensión política y discusión pública sobre nombramientos y cargos de transición.
Históricamente, la autonomía de organismos como la Defensoría de la Niñez se ha defendido como un mecanismo para proteger derechos infantiles frente a intereses políticos. En ese marco, la afirmación de Sedini puso en el centro el riesgo de politizar una institución creada para fiscalizar y promover derechos de niñas, niños y adolescentes. La réplica del defensor busca cortar esa narrativa y proteger la imagen de independencia institucional.
Quien gana en este episodio es la propia Defensoría, al reafirmar su carácter autónomo y la seguridad de un mandato en curso. Quien pierde es la versión pública difundida por la futura vocera, pues su declaración fue corregida por la máxima autoridad del organismo y puede generar pérdida de credibilidad en el proceso de comunicación del gobierno entrante. Para la ciudadanía, la discusión importa porque la politización de instituciones que protegen a menores puede traducirse en menor confianza y en confusión sobre quién defiende derechos infantiles.
En los próximos días es probable que el tema reaparezca en la agenda pública, especialmente si se repiten cuestionamientos sobre otros organismos autónomos durante la transición. La claridad sobre los mecanismos de designación, y la comunicación precisa por parte de los equipos saliente y entrante, serán clave para evitar que debates políticos afecten la protección efectiva de los derechos de la niñez.
