La tarde de este viernes la Policía de Investigaciones, PDI, y el Ministerio Público iniciaron una indagatoria por el rapto de una mujer de nacionalidad ecuatoriana que trabaja como comerciante en el Barrio Meiggs, en el centro de Santiago. El hecho se registró en la calle Grajales y provocó la movilización de equipos investigativos.

La investigación fue encomendada a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, BIPE, de la PDI, en conjunto con el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios, ECOH, de la Fiscalía. Según los reportes preliminares, los delincuentes exigieron la suma de 100 millones de pesos por la liberación de la víctima. Las autoridades han mantenido la investigación en reserva mientras avanzan las diligencias.

Fuentes de la PDI informaron que se activó un operativo que combina trabajo de inteligencia, recopilación de cámaras y entrevistas en terreno. La Fiscalía confirmó la participación del ECOH y dijo que las pesquisas buscan establecer la mecánica del rapto y posibles vínculos con redes criminales que operan en el comercio informal del centro.

El hecho ocurre en un contexto de incidentes similares en la capital. El pasado martes un comerciante dominicano fue retenido por 12 horas en la comuna de Independencia, y ese mismo día un ciudadano colombiano evitó un intento de plagio en la misma comuna, aunque resultó herido de bala en una pierna, según antecedentes policiales. Estas situaciones han llevado a la Fiscalía Nacional a advertir un aumento en este tipo de delitos.

El abogado penalista Humberto Ramírez, profesor de la Universidad Andrés Bello y máster en Criminología, dijo que, según informes de la Fiscalía Nacional, el secuestro extorsivo representa el 21,1% de los casos de privación de libertad investigados, y subrayó que la proporción ha crecido respecto de 2023 y 2022. En la Región Metropolitana, las cifras preliminares del primer semestre de 2025 muestran un incremento del 28% en incidentes similares en comparación al año anterior.

Barrio Meiggs es un epicentro del comercio mayorista y del trabajo informal en el centro de Santiago, con alta circulación de vendedores y clientes, incluidas comunidades migrantes. Ese tejido comercial expone a comerciantes a riesgos específicos, y las autoridades investigan si esta condición facilitó el ataque o si existen patrones de extorsión dirigidos a comerciantes extranjeros.

Hasta la publicación de esta nota, la PDI y la Fiscalía no habían informado públicamente sobre detenciones ni sobre el paradero actual de la víctima. Se consultó al municipio de Santiago y a Carabineros, pero no había pronunciamientos oficiales sobre medidas extraordinarias de seguridad en el sector.

Las diligencias seguirán en las próximas horas, con la PDI revisando registros de cámaras de seguridad y recabando testimonios de vecinos y comerciantes. La Fiscalía dijo que, de confirmarse un secuestro extorsivo, la causa será perseguida con prioridad por el ECOH y que se solicitarán medidas cautelares y pericias para esclarecer la participación de redes organizadas.