El futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau García-Huidobro, se reunió este lunes en la sede de Foro Republicano con el directorio de la Asociación de Municipios Rurales de Chile, AMUR, para revisar la situación de la red vial en comunas aisladas y la respuesta del MOP en terreno.
En la sesión, la directiva de AMUR expuso un diagnóstico sobre la mantención de caminos rurales y la necesidad de cambiar los mecanismos de licitación y financiamiento. Arrau reconoció la gravedad del problema y dijo que ya dio instrucciones al director general de Obras Públicas y al equipo de Dirección de Vialidad para priorizar la acción inmediata. Según la autoridad, hay cerca de 30 contratos globales que dejan «cientos de kilómetros» sin atención y tramos sin mantención por hasta 500 días, una situación que calificó de inaceptable.
El encuentro contó con la presencia de Rodrigo Contreras Gutiérrez, alcalde de Paine y presidente de AMUR, y Christian González, director ejecutivo de la asociación. Contreras alertó sobre el desfinanciamiento de los contratos globales y explicó que hoy los municipios se ven obligados a cubrir con recursos propios obras que corresponden al Ministerio de Obras Públicas. "Fue un encuentro muy productivo", dijo Contreras, y pidió una hoja de ruta clara para actualizar y financiar los contratos donde hoy no existen o están desactualizados.
Históricamente, el problema de la mantención vial en zonas rurales ha vuelto en cada proceso de caducidad de contratos y licitaciones demoradas, lo que deja a comunidades sin conectividad durante meses. En ese contexto, el anuncio de Arrau incorpora un plazo concreto: rendir cuentas a AMUR sobre avances en dos meses. Ese plazo será la primera prueba para demostrar si el problema se aborda con recursos y cambios administrativos, o si vuelve a repetirse la interrupción del servicio.
Políticamente, el movimiento beneficia al futuro ministro al posicionarlo como solución a un problema visible en la provincia y en comunas periféricas, mientras que las municipalidades y los vecinos son los principales afectados si no se acelera la reposición. Para los contratos y las empresas viales, una rápida relicitación podría significar nuevas oportunidades de trabajo; para los habitantes rurales, significa menor aislación, mejor acceso a escuelas y servicios de salud, y menos costos logísticos para la producción local.
Los próximos pasos anunciados incluyen la revisión de los procesos de licitación, la evaluación presupuestaria y la presentación de un informe a AMUR en dos meses. Si no hay recursos adicionales o reformas en los mecanismos de contratación, las dificultades de conectividad en las comunas rurales podrían prolongarse y ampliar la presión sobre presupuestos municipales ya estrechos.
