Andrés Pérez, economista jefe para Latinoamérica del banco brasileño Itaú, ofreció esta semana una lectura crítica del balance fiscal 2025 tras la publicación del Informe de Finanzas Públicas (IFP) correspondiente al cuarto trimestre. En una entrevista con Señal DF, profundizó en las cifras de ejecución y cuestionó la conducta del gasto público durante el año.

Los datos oficiales difundidos por la Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda muestran un deterioro claro: el déficit fiscal efectivo alcanzó 2,8% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025, desde el 2,2% estimado al cierre del tercer trimestre, mientras que el desequilibrio estructural llegó a 3,6% del PIB, por sobre el 1,6% previsto.

El informe de Itaú, que resumió con la frase "no hay plata" tras la ejecución presupuestaria de diciembre y el cierre anual publicado a fines de enero, sostuvo que el incumplimiento no es un problema aislado. En sus palabras, "las metas fueron autoimpuestas, fueron revisadas para que fueran menos exigentes y aún así no se cumplieron", una crítica dirigida a la propia conducción fiscal del Gobierno.

Desde el Ministerio de Hacienda y la Dipres, la explicación pública se ha concentrado en una caída de ingresos, especialmente en empresas no mineras, y en factores metodológicos que impactan el cálculo del desequilibrio estructural. Javiera Martínez, directora de Presupuestos, declaró a Diario Financiero que las metas eran ambiciosas y que las defenderá, según consignó la entrevista.

Pérez respondió que, si bien ciertos ingresos ligados a la minería tuvieron un comportamiento positivo, los ingresos totales crecieron solo un 3,5% real anual y venían mostrando un desempeño peor al esperado durante el año. Lo determinante, dijo, fue que el gasto se mantuvo elevado a lo largo de los 12 meses y no se ajustó acorde a la evolución de los ingresos.

Este incumplimiento por tercera vez consecutiva plantea, en la lectura de analistas como Pérez, un desafío para la credibilidad de la política fiscal. La disputa entre el gobierno, que atribuye parte del desbalance a factores externos y metodológicos, y los analistas privados, que cuestionan la gestión del gasto, abre un debate sobre la necesidad de corregir la trayectoria del gasto si se quiere recuperar sostenibilidad.

A nivel práctico, las cifras publicadas por la Dipres y la crítica de Itaú concentran la atención en próximas decisiones presupuestarias y en la discusión pública y política sobre prioridades de gasto. Hasta ahora, la respuesta oficial ha sido explicar las causas técnicas y coyunturales; la discusión sobre medidas concretas para enderezar la senda fiscal seguirá en la agenda del Ejecutivo, el Congreso y los mercados.

La advertencia de Itaú no solo es un diagnóstico técnico. Es, según Pérez, una señal de que incluso metas que fueron flexibilizadas no bastaron para contener el gasto, y de que la ruta para restaurar la confianza fiscal requiere un ajuste de las decisiones de gasto o medidas que compensen el deterioro de ingresos.