La jueza Milena Ubilla rechazó la solicitud de la defensa de Camila Polizzi de suspender sus medidas cautelares para viajar a Europa por un mes. La resolución del Juzgado de Garantía de Concepción respaldó los argumentos del Ministerio Público y los querellantes del Caso Convenios, que cuestionaron el sustento de la petición.
El abogado de Polizzi, Pedro Orthusteguy, había pedido la excepción argumentando que su representada necesitaba el viaje para reunirse con una empresa en Bucarest, capital de Rumania, y explorar posibilidades de emprendimiento. Para respaldarlo presentó documentación sobre el propósito laboral del traslado, pero el tribunal la calificó de informal e insuficiente.
El Ministerio Público y los querellantes, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Servicio de Impuestos Internos (SII), cuestionaron también la vaguedad de la información entregada sobre la empresa rumana. La Fiscalía fue más allá: advirtió que los dueños de esa compañía tendrían presuntos vínculos con el narcotráfico, un antecedente que la defensa no logró despejar durante la audiencia.
A esos reparos, el tribunal sumó dos consideraciones propias: que Polizzi no tiene necesidades económicas que justifiquen levantar las cautelares, y que existe riesgo de fuga, factor determinante dado su calidad de imputada en la causa.
Tras conocerse el fallo, Polizzi lamentó públicamente la decisión. No respondió, en cambio, a los cuestionamientos de la Fiscalía sobre los supuestos vínculos de los socios de la empresa extranjera con el narcotráfico.
El Caso Convenios investiga el presunto desvío de fondos públicos hacia organizaciones sin fines de lucro y se tramita en la Fiscalía del Biobío. Polizzi permanece sujeta a medidas cautelares vigentes mientras la investigación sigue en curso, sin fecha definida de término.
