En la tarde de este sábado, un accidente con un ala delta en la playa de São Conrado, en la zona sur de Río de Janeiro, Brasil, dejó sin vida a una turista y a su instructor luego de que la aeronave cayera al mar.

El instructor, Rodolfo Pascoal Ladeira, era un profesional brasileño del vuelo libre que, según el Cuerpo de Bomberos, falleció en el lugar del siniestro. La turista fue identificada como Jenny Colón Rodríguez, ciudadana estadounidense; fue rescatada con vida y en estado grave, trasladada a un hospital de la región, y murió poco después.

El accidente se produjo cerca de la zona de aterrizaje habitual del club local, São Conrado de Voo Livre, empresa que organizó el vuelo. Según la directiva del club, ya reunieron la documentación del aparato y suspendieron las actividades por tres días mientras colaboran con las familias de las víctimas. En sus redes sociales la asociación publicó que esperan "trabajar para brindar apoyo a las familias" y señaló que recuperarán el ala delta para una evaluación técnica.

El operativo de emergencia movilizó helicópteros, motos acuáticas, ambulancias y un barco privado que se encontraba en las cercanías, informó el Cuerpo de Bomberos. Testigos citados por medios locales afirmaron que hubo un problema con el ala y que el paracaídas de emergencia no se desplegó a tiempo para amortiguar el impacto con el agua; esa versión aún no ha sido confirmada por los investigadores.

La Policía Civil del Estado de Río de Janeiro abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente. Además participará la Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), el organismo que fiscaliza el espacio aéreo en Brasil, que deberá inspeccionar el aparato y revisar procedimientos operativos del club.

Por ahora no hay conclusiones oficiales sobre la causa del siniestro, que se definirá tras la recuperación y el peritaje del ala delta. São Conrado es un punto reconocido por los vuelos libres por sus vistas de la ciudad, actividad que atrae a turistas por ser de alto impacto visual pero que exige rigurosos controles técnicos y de seguridad.

La fiscalización que siga la ANAC y la Policía Civil será clave para determinar si hubo falla de material, error humano o una combinación de factores. La investigación también marcará las medidas que adopten los operadores locales para evitar nuevos episodios y cuál será el apoyo a las familias afectadas.