Evento Raúl Quílez, director general de Innovación en Emergencias de la Generalitat Valenciana, presentó su cese después de admitir ante la jueza que instruye la causa por la DANA de octubre de 2024 que la administración retuvo durante seis meses las grabaciones de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado, el Cecopi, del 29 de octubre. Quílez declaró que esas imágenes estaban en poder de una productora externa contratada por la Generalitat y que no se comunicaron al juzgado hasta febrero de 2025. La DANA, un episodio de fuertes lluvias y avenidas que causó más de 230 fallecidos, es el foco de la investigación judicial sobre la gestión de aquella emergencia.
Contexto institucional y político La Conselleria de Emergencias e Interior de la Generalitat Valenciana es el departamento regional encargado de coordinar la respuesta a catástrofes en la comunidad autónoma, función equivalente en Chile a una Seremi (Secretaría Regional Ministerial) de Interior con responsabilidades de emergencia, o a la dirección regional de la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI). La dimisión de Quílez llega en un momento de fuerte inestabilidad interna: el propio departamento había anunciado recientemente cambios en su cúpula, con los nombramientos de Erich Vanacloig como director general de Seguridad Pública en diciembre y de Andrés Balfagó como director de Coordinación de Prevención y Extinción de Incendios en enero.
Reacciones y estado del proceso Desde la Conselleria se ha interpretado la salida de Quílez como parte de una “renovación” frente al desgaste que, dicen, genera la gestión de emergencias. La confesión del exdirector, sin embargo, ha agravado la crisis de confianza abierta por las familias de las víctimas y por la opinión pública, y ha devuelto al primer plano las preguntas sobre transparencia, custodia de pruebas y rendición de cuentas en la administración regional. Al cierre de esta información no hay un listado público de nuevos ceses más allá del de Quílez, ni constan documentos públicos que expliquen por qué las grabaciones no se entregaron de inmediato a la investigación.
Lecciones comparadas para Chile y Latinoamérica Este caso reaviva dilemas que también hemos visto en Chile. Como hemos cubierto, incidentes recientes como el accidente en Renca, que puso en evidencia vacíos en protocolos de atención, y las protestas de damnificados en Lirquén por la demora en la entrega de ayudas tras los incendios, muestran problemas similares: fallas en coordinación interinstitucional, en protocolos y en la comunicación con las víctimas. La lección es clara para gobiernos regionales y nacionales: la cadena de custodia de información relevante, la claridad sobre quién controla las grabaciones o datos, y la obligación de entregar pruebas a la fiscalía o a los tribunales son elementos centrales para mantener la confianza ciudadana.
Implicaciones prácticas Además de las consecuencias judiciales para la gestión de la DANA, la crisis en la Generalitat Valenciana obliga a revisar protocolos de grabación y archivo de reuniones operativas, contratos con proveedores externos que manejan material sensible, y los mecanismos de transparencia frente a parlamentos y jueces. Para Chile, el caso sirve como advertencia sobre la necesidad de normas claras sobre registro de incidentes, acceso judicial a pruebas y responsabilidades administrativas en los organismos de emergencia.
Qué queda por seguir La investigación judicial seguirá su curso y puede abrir nuevas responsabilidades administrativas o penales, según avance la instrucción. En lo inmediato, la Conselleria asegura que continuará con su proceso de ajuste interno; sin embargo, la presión pública por explicaciones amplias y por garantizar la preservación de pruebas operativas de emergencias permanece elevada.
