La última encuesta Plaza Pública de la consultora Cadem, aplicada la primera semana de marzo, registró una marcada oposición ciudadana a que personas condenadas por violaciones a los derechos humanos terminen de cumplir sus penas en sus domicilios.

El sondeo, que se conoce en medio del debate parlamentario sobre un proyecto que modifica criterios de cumplimiento de penas, señala que el 77% de los consultados se opone a que quienes fueron sentenciados por violaciones a los derechos humanos (derechos humanos, DD.HH.) puedan acceder al arresto domiciliario aun cuando cumplan requisitos por edad avanzada o problemas de salud.

La oposición crece cuando se trata de delitos particularmente graves. Según Cadem, un 92% rechazó de plano que personas condenadas por violación o homicidio puedan optar a este tipo de cumplimiento alternativo de pena. Además, el 76% se mostró contrario a que el beneficio se aplique solo por criterios de edad, mientras que un 56% se opuso cuando la alternativa se propone para internos de edad avanzada con enfermedades graves o terminales. El estudio también indicó que el 83% de los encuestados estaba al tanto de la iniciativa legislativa.

El proyecto en discusión, impulsado por el senador Francisco Chahuán, del partido Renovación Nacional, fue aprobado en general en el Senado de la República por 23 votos a favor y 22 en contra, y ahora entra en un plazo para presentar indicaciones y modificar su texto hasta el 16 de marzo. La iniciativa propone permitir que hombres mayores de 70 años y mujeres mayores de 65 con enfermedades graves o condiciones de salud que dificulten su permanencia en un recinto penitenciario cumplan el resto de su condena en sus domicilios.

Estimaciones preliminares citadas en el debate parlamentario advierten que la norma podría beneficiar inicialmente a cerca de 370 condenados por causas relacionadas con derechos humanos, además de otros 365 reclusos condenados por delitos graves como homicidios, secuestros o crímenes sexuales. Esa proyección alimenta la sensibilidad del tema en sectores de la sociedad y del Parlamento.

La encuesta llega en un momento de alta atención pública y polarización política sobre la materia, con voces que enfatizan la necesidad de criterios humanitarios y otras que subrayan la obligación de la justicia de preservar la memoria y la sanción por delitos graves. El trámite en el Senado y las indicaciones que presenten las bancadas definirán cómo se acotan los criterios de edad, salud y gravedad del delito, y determinarán si el proyecto avanza hacia su votación en particular o su modificación sustantiva.