Un conductor de 38 años fue detenido el domingo en la autopista Costanera Norte de Santiago manejando a 264 kilómetros por hora, más del doble del límite máximo permitido en esa vía. La Fiscalía pidió arresto domiciliario total, pero el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago le impuso solo firma mensual y arraigo nacional, medidas que le permiten circular libremente.

La jueza Ximena Rivera, que presidió la audiencia del lunes, prohibió además publicar la identidad del imputado y decidió no retirarle la licencia de conducir. Esas dos decisiones desataron una ola de críticas que cruzó todo el espectro político y mediático.

El escándalo sumó un nuevo plano este miércoles, cuando el medio de verificación FastCheck reveló que el conductor es primo de la esposa del ministro de Seguridad, Martín Arrau. El secretario de Estado respondió con una publicación en su cuenta de X: "Al igual que todos los chilenos, condeno categóricamente el actuar indolente, temerario y nefasto del imputado, con quien no tengo relación de amistad ni cercanía". Arrau agregó que este tipo de conductas "deben ser sancionadas con todo el rigor de la ley".

El comunicador de TVN Eduardo Fuentes resumió la paradoja con una frase que circuló ampliamente en redes: "Si al aire hubiera dicho el nombre del conductor que iba a 264 km/h cometo desacato y podría ir a prisión. Pero andar a esa velocidad, nada". El exfiscal Carlos Gajardo sostuvo que la prohibición de publicar el nombre del imputado "no tiene ninguna justificación jurídica" y que responde a "puro privilegio". Axel Callís, director de la encuestadora Tú Influyes, apuntó directo: "Desigualdad ante la ley. ¿Quién lo protege desde el Poder Judicial?".

Según FastCheck, el conductor vive en una de las zonas más acomodadas de Santiago y está vinculado a uno de los grupos empresariales más poderosos del país. Los medios locales también consignaron que tenía antecedentes policiales previos al incidente, aunque la información disponible no precisa su naturaleza. La ley chilena establece que quienes superen el límite de velocidad arriesgan multas, suspensión del permiso de conducir e, incluso, penas de cárcel, sanciones que en este caso el tribunal resolvió no aplicar.