En su domicilio, el exministro de Hacienda Nicolás Grau recibió la notificación oficial de una acusación constitucional presentada por diputados afines a la bancada libertaria. La acusación, de cuatro capítulos, inicia un plazo de 10 días para que Grau presente sus descargos. Este proceso, aplicado por la Cámara de Diputados, marca el comienzo de un camino que podría definir la gestión de programas clave durante el gobierno de Gabriel Boric. En Chile, la acusación constitucional es un mecanismo de control político previsto en la Constitución y usado en contextos democráticos para evaluar la conducta de autoridades, con antecedentes históricos que ubican estas decisiones dentro de la competencia legislativa para fiscalizar la administración pública. El plazo de 10 días para responder es una obligación institucional, y la dinámica de la votación dependerá de la cohesión de los bloques parlamentarios en las próximas semanas.