Gobierno argentino evalúa recurrir a la Corte Suprema por ley de financiamiento universitario El Ejecutivo analiza un recurso extraordinario mientras la Justicia ratifica la obligación de aplicar la normativa que asegura recursos para universidades públicas, incluyendo salarios, becas e investigación. El Gobierno argentino evalúa presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para que el máximo tribunal determine la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, norma que el Ejecutivo ha resistido implementar.
Fuentes oficiales indicaron que se trabaja en la posibilidad de acudir directamente a la Corte, lo que implicaría descartar una apelación ante la Cámara Federal de Casación, luego de que un tribunal de alzada confirmara una medida cautelar que ordena cumplir la ley. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó así la decisión del juez de primera instancia Martín Cormick, quien en diciembre declaró inaplicable el decreto presidencial que suspendía la ejecución de la norma.
El fallo también instruye al Ejecutivo a cumplir con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que establecen la actualización de salarios docentes, becas estudiantiles y financiamiento de proyectos de investigación en línea con la inflación. La resolución responde a una demanda presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que agrupa a 61 universidades públicas y 14 instituciones provinciales.
El tribunal sostuvo que el Estado no logró desvirtuar los fundamentos del fallo original y recordó que la ley fue aprobada por el Congreso y ratificada con dos tercios de los votos tras el veto presidencial, lo que refuerza su plena vigencia. La normativa, sancionada en agosto de 2025 y confirmada en octubre, garantiza recursos para el sistema universitario equivalentes al 0,14% del Producto Interno Bruto (PIB).
Sin embargo, el presupuesto aprobado para 2026 contempla una inflación proyectada de 10,1% y una asignación que implicaría una caída real de 3,5% en los fondos universitarios respecto al año anterior. El deterioro presupuestario es más amplio: en 2025, el sistema de educación superior registró una caída real cercana al 9% en comparación con 2024 y acumula un retroceso superior al 30% desde el inicio de la actual administración.
