Aún sin asumir en el cargo, Andrés Jouannet Valderrama, congresista de 58 años nacido en Temuco y futuro subsecretario de Seguridad, está en el centro de una polémica por sus relaciones empresariales con la industria de las casas de apuestas y con un empresario de origen chino conocido como Emilio Yang.

La Polla Chilena de Beneficencia presentó una querella por asociación criminal contra Sebastián Salazar Bastidas, uno de los socios comerciales de Jouannet. En junio de 2015 ambos, junto a Alberto Hadad Abuhadba, constituyeron la empresa Impresiones Quizapú. Hadad está vinculado al rubro de los tragamonedas y Salazar es propietario de la plataforma Estelarbet, que ha estado bajo investigación del Ministerio Público, pero sin que conste un sobreseimiento definitivo.

A pesar de esos lazos, Jouannet no se inhabilitó en votaciones relacionadas con el sector. El 12 de diciembre de 2023 la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, con 79 votos a favor, un proyecto que regula las plataformas de apuestas en línea, y Jouannet fue uno de los 36 legisladores que votaron en contra. Además, se abstuvo en la votación separada del artículo 47, que trata sobre los impuestos a esas plataformas y la fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, SII, y de la Superintendencia de Casinos de Juego.

Las sociedades que ligan a Jouannet con el empresario Bo Yang, conocido como “Emilio”, también han sido objeto de cobertura: Empresa Forestal, Comercial y Servicios Sur de Chile SpA Labs y Latin America Business Strategy SpA, constituidas en abril de 2019 y agosto de 2021, respectivamente. Según la prensa, Yang es una pieza en una investigación por presunto tráfico de influencias que, hasta ahora, no está formalizada; los antecedentes públicos no precisan todos los nombres vinculados en esa pesquisa.

El Presidente José Antonio Kast ratificó el nombramiento de Jouannet, y en paralelo designó a Francisco Jacir como fiscal regional Centro. En ese contexto, la ratificación apunta a asegurar la línea del gobierno en materia de seguridad, pero también expone al Ejecutivo a críticas por la manera en que se gestionan las incompatibilidades entre funciones públicas y vínculos privados.

Históricamente en Chile, las polémicas por nexos empresariales y cargos públicos han erosionado la confianza en decisiones regulatorias cuando no se explicitan o resuelven posibles conflictos de interés. En este caso, está en juego la credibilidad de las políticas de fiscalización de las apuestas en línea, además de la percepción ciudadana sobre la transparencia del Estado.

Quién gana y quién pierde es claro en lo político: el gobierno busca consolidar un equipo afín a su agenda de seguridad, pero arriesga perder respaldo público y abrir la puerta a cuestionamientos legales y éticos. Jouannet gana la confirmación de un cargo que le otorga influencia en materia de seguridad, y al mismo tiempo pierde margen político frente a investigaciones y cuestionamientos que pueden afectar su gestión.

Para la ciudadanía, la consecuencia práctica es la posible debilidad en la fiscalización de un mercado con alto riesgo de evasión y delitos asociados, como el lavado de activos. Los vínculos empresariales en áreas sujetas a regulación fiscal y administrativa hacen más probable que existan presiones sobre la política pública. En adelante, es previsible que legisladores opositores, organizaciones civiles y fiscalías pidan mayor transparencia, declaraciones patrimoniales detalladas o indagaciones formales ante el Ministerio Público o la Contraloría, para aclarar si hubo o hay conflictos de interés.

Los hechos descritos ya suman flancos abiertos para el futuro subsecretario. La forma en que se investiguen y se den explicaciones públicas determinará si la controversia se reduce a un capítulo de campaña política o deriva en medidas administrativas y judiciales que afecten su permanencia y la credibilidad del gobierno en materia de seguridad y transparencia.