Este martes la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados analizó las indicaciones de última hora que presentó el Ejecutivo al proyecto de ley de Partidos Políticos, tras un acuerdo en la corporación. En la sesión se revisaron cambios que buscan limitar la proliferación de colectividades y ordenar el sistema de financiamiento.
La iniciativa plantea, entre otras medidas, elevar la exigencia de firmas necesarias para crear un partido y condicionar los aportes estatales a la existencia de representación parlamentaria. La ley vigente exige el 0,25% del total de votos emitidos en la última elección de diputados por región para inscribir una colectividad; el Senado había aprobado aumentar ese requisito a 0,5%, y en la Cámara los partidos llegaron a un acuerdo intermedio para fijarlo en 0,3%.
Además, la propuesta establece que los partidos que no tengan representación parlamentaria dejarán de recibir recursos fiscales, y propone reglas transitorias que permitirían que colectividades en proceso de disolución se fusionen con otras que cumplen la normativa para mantener su viabilidad política.
Diputados críticos de la medida señalaron que la reforma castiga la competencia y limita la creación de nuevos movimientos. Félix González, diputado del Partido Ecologista Verde, que está en proceso de disolución, dijo que "esta es una ley anticompetencia, antipartidos nuevos" y cuestionó la eliminación de un financiamiento que, según él, ascendía a 500.000 pesos por región por mes. Joanna Pérez, diputada del partido Demócratas, también en proceso de disolución, advirtió que la regla puede empujar a iniciativas locales sin representación a buscar financiamiento ilícito, citando casos complejos ocurridos en comunas como San Ramón.
Desde el Gobierno, Macarena Lobos, ministra Secretaria General de la Presidencia, defendió criterios técnicos sobre la asignación de aportes y explicó que si un parlamentario electo se desafilia, el aporte sigue percibiéndolo el partido en el que fue elegido y que la afiliación a otra colectividad no incrementa el aporte por esa incorporación.
La discusión no ocurre de forma aislada. En el Congreso hoy también están vigentes otros procesos de alto impacto político, como el desafío judicial al fuero parlamentario del diputado Joaquín Lavín León, cuyo desafuero fue acogido por la Corte Suprema y permitió a la Fiscalía iniciar una investigación por cuatro delitos. Ese contexto refuerza la sensación de que el eje del debate público está en la rendición de cuentas y la estructura del poder político.
Si la Comisión de Gobierno despacha el proyecto —como se espera—, la reforma pasará a las etapas que definirán su alcance final en el Senado y la Cámara. El resultado marcará si Chile prioriza una mayor concentración de bloques para facilitar gobernabilidad, o si abre un espacio más amplio para la emergencia de movimientos locales y nuevos actores políticos, con todas las tensiones que eso implica para la representación y la fiscalización del financiamiento político.
