La pesquera y salmonera Blumar anunció que, tras ser incluida por segundo año consecutivo en el Sustainability Yearbook 2026 de S&P Global, instó al próximo Gobierno a avanzar en una "legislación moderna que entregue certezas y permita crecer de forma sostenible". La compañía presentó el resultado como respaldo a su gestión y como argumento para reformar el marco regulatorio del sector.

La evaluación de S&P Global, realizada a través del Corporate Sustainability Assessment (CSA), analizó a más de 9.200 compañías de 59 industrias y ubicó a Blumar en el percentil 96 de la industria global de alimentos, con un puntaje de 72/100. Según la empresa, este posicionamiento confirma consistencia en sus prácticas de sostenibilidad y facilita su acceso a mercados y financiamiento.

Gerardo Balbontín, gerente general de Blumar, dijo que la sostenibilidad "no es un tema reputacional, sino parte de cómo gestionamos el negocio". Explicó que esos lineamientos están integrados en la operación, las inversiones y el financiamiento, y que la compañía ya cuenta con créditos vinculados a indicadores ESG, por sus siglas en inglés, que significan environmental, social and governance, y con instrumentos conocidos como sustainability linked loans, préstamos atados a metas de sostenibilidad.

En su llamado al próximo Gobierno, Balbontín sostuvo que la industria está fuertemente fiscalizada, pero que la normativa actual "no se ha modernizado al ritmo de los desafíos tecnológicos, ambientales y productivos". Reclamó por claridad jurídica que, según la empresa, facilitaría inversión y crecimiento responsable en la cadena de valor.

El planteamiento tiene consecuencias concretas para el empleo y las comunidades costeras. La industria pesquera y salmonera sostiene proveedores locales, transportistas y plantas de procesamiento en regiones costeras del sur de Chile, y los compradores internacionales ya exigen estándares medioambientales y sociales como condición de ingreso al mercado. Si la normativa se moderniza sin medidas de acompañamiento, las empresas con mayor capacidad técnica y financiera podrían beneficiarse más rápido, mientras que pequeños proveedores y pescadores artesanales podrían quedar en desventaja.

Históricamente, la regulación del sector ha sido foco de tensiones entre crecimiento productivo, fiscalización y preocupación ambiental. La petición pública de Blumar refuerza una discusión que ya existe en la agenda política: cómo conciliar certezas legales, exigencias internacionales de sostenibilidad y protección del empleo regional.

El siguiente Gobierno enfrentará decisiones clave: legislar para dar más seguridad a la inversión y alinear normas con estándares internacionales, o priorizar medidas de apoyo para pequeñas y medianas empresas y comunidades locales. La dirección que tomen esas políticas definirá quién gana y quién pierde en la cadena productiva, y tendrá un impacto directo en la competitividad de las exportaciones y en la sustentabilidad ambiental y laboral de las zonas costeras.