El cuestionamiento se centra en algo concreto: la revisión de mochilas, los registros al interior de los colegios y otras medidas de control que contempla la Ley de Escuelas Protegidas. Este martes, parlamentarios de oposición y de la Democracia Cristiana (DC) llevaron sus reparos al Tribunal Constitucional (TC). El pleno escuchó los alegatos y quedó en condiciones de resolver.

La ley, impulsada por el gobierno, busca fortalecer la seguridad en los establecimientos educacionales y endurecer las sanciones por violencia escolar. Los requirentes no cuestionan el objetivo: cuestionan los medios. Sostienen que algunas disposiciones cruzan una línea que la Constitución traza con claridad.

Pablo Sandoval, abogado de los diputados requirentes, argumentó que las normas impugnadas no cumplen con los principios de necesidad ni proporcionalidad. "Se vulneran los deberes de reserva legal; es decir, que sea una ley la que regula derechos fundamentales. En este caso, la vida privada, la libertad personal, el derecho a la educación, la libertad ante la ley", sostuvo ante el TC.

La defensa del Ejecutivo recayó en Juan José Ossa, abogado constitucionalista y exministro, quien defendió la constitucionalidad de la iniciativa. Rechazó los cuestionamientos y planteó que la ley protege derechos como la vida y la educación sin abandonar los resguardos constitucionales. "Por un lado, se hacen cargo de una situación, pueden establecer alguna limitación; y por el otro, toma los resguardos necesarios para que se cumplan las garantías constitucionales", afirmó.

La violencia en los colegios es un problema que Chile arrastra hace años. La ley nació como respuesta a esa presión, pero el debate sobre qué herramientas son legítimas en espacios educativos sigue abierto.

La resolución del TC determinará si la ley puede promulgarse en su totalidad o si alguna de sus disposiciones deberá ser modificada antes de convertirse en norma vigente. El tribunal no fijó fecha exacta para su fallo.