El ministro de Defensa, Fernando Barros, fue categórico este miércoles: las Fuerzas Armadas no patrullarán las calles chilenas mientras no exista un estado de excepción constitucional. La declaración llegó después de que la muerte de un niño de 12 años en San Bernardo encendiera el debate. El menor falleció durante una encerrona, una táctica delictual donde rodean un vehículo para asaltarlo.

El hecho ocurrió en esa comuna del sector sur de Santiago y generó una demanda inmediata: parlamentarios de distintos sectores y el alcalde de San Bernardo, Christopher White, exigieron que los militares salieran a las calles. El Gobierno respondió con una postura coordinada y sin fisuras.

"Las únicas condiciones en que pueden intervenir en materias que tienen que ver con el orden público y la seguridad ciudadana, están vinculadas a los estados de excepción", afirmó Barros. El mensaje es claro: si la autoridad política estima que la situación lo requiere, puede decretar el estado de excepción y las Fuerzas Armadas concurrirán. Sin ese decreto, no hay despliegue posible.

La posición de Barros coincide con la del biministro del Interior y Seguridad Pública, Claudio Alvarado, quien concentra dos carteras en forma simultánea, y la del ministro de Seguridad, Martín Arrau. Ambos habían señalado en la mañana que la participación militar actualmente está acotada a la macrozona norte y la macrozona sur. Esas son las regiones del extremo norte y del sur del país donde ya rigen estados de excepción constitucional para contener la violencia organizada.

El control del orden público cotidiano, insistió el ministro, corresponde a Carabineros y a la Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial. Esa línea divisoria, consagrada en la Constitución, es la que el Gobierno se niega a cruzar sin el respaldo legal que otorga el estado de excepción.

Barros reconoció que la preocupación ciudadana ante el alza delictual es "muy entendible", pero reafirmó el marco legal vigente. El debate quedó planteado con claridad: si alguna zona urbana requiriera presencia militar, el Ejecutivo tendría que decretar el estado de excepción, un paso que hasta ahora ha reservado para las macrozonas extremas del territorio nacional.