Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, reiteró esta mañana en radio Pauta que la responsabilidad técnica del déficit público recae en el ex ministro de Hacienda Mario Marcel, y que aunque su partido no exime al actual ministro Nicolás Grau, el «responsable número uno» fue Marcel.

En su entrevista, Hurtado dijo que la gestión de Marcel «ameritaba» una acusación constitucional, y extendió la crítica a la administración actual. "El ministro Grau recibió la caja ya con ciertos lineamientos", afirmó, y añadió que a su juicio a Grau le faltó honestidad al mantener cifras que no reflejaban la realidad fiscal.

La discusión ocurre en un escenario fiscal complejo. La Dirección de Presupuestos, Dipres, informó un déficit estructural de 3,6% del PIB y que la recaudación no minera cayó a 16,4% del PIB, la menor desde 2014. Dipres también señaló que un ajuste por traspasos de Codelco, la estatal minera chilena, explicó cerca del 60% de la brecha entre el déficit efectivo y la estimación anterior.

La alusión de Hurtado conecta con una tensión mayor entre el Ejecutivo y la oposición sobre el manejo presupuestario. En Chile, la acusación constitucional es una herramienta que la oposición ha usado en los últimos años para fiscalizar ministros y presionar políticamente, y la réplica pública contra Marcel pretende trasladar parte de la responsabilidad a gestiones previas.

¿Quién gana y quién pierde? El Partido Republicano gana espacio entre la oposición al exigir responsabilidades claras y al apuntar tanto al pasado técnico como a la responsabilidad política presente. El oficialismo enfrenta un doble riesgo: la pérdida de credibilidad fiscal y un desgaste en las negociaciones presupuestarias en el Congreso. Para Marcel, la crítica afecta su reputación como tecnócrata; para Grau, aumenta la presión política sobre su gestión y la comunicación de cifras.

Para el ciudadano común, las consecuencias son concretas: mayor incertidumbre sobre el rumbo de las cuentas públicas puede traducirse en restricciones a gasto social, ajustes en futuras políticas públicas o en medidas tributarias para cerrar brechas. Además, el conflicto político puede demorar la aprobación del presupuesto y complicar inversiones y expectativas macroeconómicas.

El próximo paso político será la decisión de las bancadas de la Cámara de Diputados respecto a posibles procedimientos de fiscalización y eventuales acusaciones constitucionales. Mientras tanto, la discusión pública seguirá centrada en la interpretación técnica de los números fiscales y en quién asumirá la carga política por el desajuste.