El Departamento de Estado de Estados Unidos revocó recientemente las visas de tres altas autoridades del gobierno chileno, incluido el ministro de Transportes, por la evaluación del proyecto de cable submarino que conectaría Valparaíso con Hong Kong, y la medida desató críticas en Chile, entre ellas la del senador José Miguel Insulza, ex secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Insulza dijo en Radio y Diario Universidad de Chile que la decisión no tiene justificación técnica y que marca un precedente peligroso. Para el senador, la medida constituye un abuso, porque utiliza la cancelación de visas no por razones políticas o de derechos humanos, sino por un asunto comercial y de inversión. "Nunca se había aplicado para algún problema comercial o de innovación tecnológica", afirmó.

El reclamo de Insulza evocó antecedentes donde Estados Unidos sí había usado la revocación de visas por motivos políticos, como el caso del expresidente de Costa Rica, Óscar Arias, sancionado en su momento por criticar al entonces presidente Donald Trump. Según Insulza, ahora cambió la lógica: lo que antes se aplicaba a controversias políticas, se estaría trasladando a disputas comerciales en plena guerra tecnológica entre potencias.

China, la República Popular China, reaccionó al episodio y acusó a Estados Unidos de un "desprecio hegemónico". Washington, por su parte, justificó la medida aduciendo riesgos a la seguridad continental ligados al proyecto con Beijing. Insulza rechazó ese argumento: dijo que no ve sustento técnico para afirmar que un cable de fibra óptica amenaza la seguridad del hemisferio, y que la verdadera motivación es la protección de intereses norteamericanos.

La controversia complica al gobierno del presidente José Antonio Kast. La revocación de visas provocó un rechazo transversal en el espectro político y abrió un debate sobre soberanía, autonomía para decidir inversiones y la capacidad del Ejecutivo para equilibrar relaciones con Estados Unidos y China. El gobierno deberá explicar su estrategia, defender o modificar el proyecto del cable Valparaíso-Hong Kong y gestionar las consecuencias diplomáticas.

En términos prácticos, la disputa tiene efectos tangibles para la ciudadanía: proyectos de infraestructura digital implican inversión, empleos y mayor conectividad; su bloqueo o demora podría afectar competitividad y acceso a servicios. En lo político, quien gana es Estados Unidos al imponer su línea de seguridad tecnológica a terceros; quienes pierden son las autoridades chilenas señaladas, la autonomía en decisiones de inversión y potencialmente los usuarios que esperan mejoras en conectividad.

Este episodio también plantea una pregunta regional: si la herramienta de revocar visas por motivos comerciales se consolida, los países de América Latina enfrentarán una restricción adicional en su margen de acción frente a inversiones estratégicas. En ese contexto, el Gobierno de Kast tiene por delante el desafío de transparentar sus criterios, buscar apoyo legislativo y diplomático, y definir si prioriza la integración tecnológica con China, la cooperación con Estados Unidos, o una posición de equilibrio que minimice costos para la ciudadanía.