Corte Suprema advierte riesgos de “incertidumbre jurídica” en plan de Reconstrucción de Kast Con todo, la Corte enfatizó que la ley requiere de “ajustes relevantes de coordinación normativa, precisión competencial y delimitación sustantiva de sus efectos” El tribunal pleno de la Corte Suprema entregó a la Cámara de Diputados y al Presidente José Antonio Kast un informe en el que analizó el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional anunciado por el Ejecutivo. El informe, firmado por la presidenta de la Corte, Gloria Ana Chevesich, analizó la batería legislativa clave para la administración de Kast, iniciativa que contempla más de 40 medidas en cuatro ejes centrales: reconstrucción física, económica, institucional y fiscal.
“El proyecto introduce modificaciones sustanciales al régimen de evaluación ambiental, al sistema de impugnación de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) y a las facultades de los Tribunales Ambientales”, sostiene el informe del pleno. El documento detalla que las mayores complejidades se detectaron en las reformas propuestas a los artículos 13 N°6, 16, 18 y 19 de la normativa vigente.
Respecto a la creación del artículo 24 ter en la Ley N°19.300 sobre precisión normativa, el tribunal advirtió una preocupante falta de “precisión técnica”. La Suprema cuestiona que, aunque se valore el intento de centralizar las disputas en tribunales especializados, el texto “no define con claridad si introduce una regla excepcional o una modificación general del sistema”.
Adicionalmente, la Corte recalcó que la omisión de reglas sobre quiénes pueden accionar legalmente, o legitimación activa, podría derivar en una “incertidumbre jurídica” que anule la eficacia de la reforma. Por otro lado, otro de los puntos que generó mayor fricción es el mecanismo de restitución de gastos directos para titulares de proyectos cuya Resolución de Calificación Ambiental (RCA) sea anulada judicialmente.
Según el proyecto, si un tribunal anula un permiso después de que el privado ya inició obras, el Estado deberá devolver los gastos acreditados, lo que constituye una “innovación radical en nuestro ordenamiento”, a juicio del pleno, que se aparta de la matriz de justicia correctiva tradicional. Para la Corte, la redacción actual es “excesivamente amplia” y se centra más en cómo calcular el pago que en las razones para otorgarlo.
