La dirigente de la megatoma de San Antonio y representante legal de tres comités, Dafne Aránguez Ferry, presentó el martes 17 de enero un recurso de protección contra la delegada del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gloria Maira, y la Delegación Presidencial Provincial (DPP) de San Antonio, a cargo de Carolina Quintero.

Según la presentación judicial, con rol 1552-2026, Aránguez acusa afectaciones físicas y psíquicas a 2.143 familias instaladas en el Cerro Centinela durante el proceso de desocupación que comenzó el lunes 12 de enero. En el recurso se aducen, entre otros puntos, la comisión de "tratos crueles e inhumanos que refuerzan la gravedad de las vulneraciones" y se ofrecen audios y videos como antecedentes.

El inicio de la desocupación siguió a fallidas negociaciones entre el Gobierno y los propietarios de los terrenos, y a un fallo de la Corte Suprema que allanó el camino para la intervención. Paralelamente, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) determinó expropiar 100 de las 215 hectáreas que comprenden la toma, medida que el propio recurso cita como parte del marco institucional del proceso.

En la causa, la presentación solicita además una Orden de No Innovar, es decir, una suspensión cautelar de los desalojos, argumentando que los registros audiovisuales dan cuenta de ilegalidades y daños continuados contra las personas asentadas.

El recurso llegó al Poder Judicial con rápido movimiento: el pasado 19 de enero la Corte de Apelaciones declaró no a lugar la Orden de No Innovar, según consta en la resolución. La tramitación del recurso de protección principal permanece en curso bajo el rol citado.

Hasta donde consta en los antecedentes públicos de la causa, la Delegación Presidencial Provincial de San Antonio y el Ministerio de Vivienda no han emitido una declaración pública específica sobre el recurso presentado por Aránguez. Tampoco figura en la documentación pública una versión oficial que responda punto por punto a las acusaciones.

Este caso se inscribe en un conflicto mayor sobre vivienda y ocupaciones en Chile, donde tomas como la de Cerro Centinela han tensionado la relación entre comunidad, propietarios y Estado. Para las familias afectadas, la disputa judicial es, por ahora, la vía para solicitar medidas cautelares y visibilizar presuntas vulneraciones de derechos.

El próximo paso procesal será la continuación de la tramitación del recurso de protección ante los tribunales. De prosperar alguna de las medidas solicitadas por Aránguez, podrían paralizarse desalojos; si no, la desocupación y las acciones administrativas del Minvu seguirán conforme a las determinaciones judiciales ya adoptadas.