El Juzgado de Garantía de Coyhaique, en la Región de Aysén, dictó este domingo que el senador independiente Miguel Ángel Calisto quede sujeto a las medidas cautelares de arraigo nacional y la prohibición de comunicación con coimputados. La resolución se dio tras la audiencia de reformalización solicitada por el Ministerio Público, y además se amplió el plazo de investigación en 60 días.
Junto a Calisto, fueron reformalizados Carla Graf Toledo y Roland Cárcamo Catalán, en calidad de autores del mismo delito, mientras que Felipe Klein Vidal fue imputado como encubridor. En la audiencia, el magistrado Mario Devaud acogió las medidas cautelares para el senador y aceptó la ampliación del plazo de investigación.
El caso se remonta a hechos ocurridos entre 2018 y 2022, cuando Calisto ejercía como diputado por el Distrito 27. Según la Fiscalía, se habría concertado con Graf y Cárcamo para obtener recursos fraudulentos desde la Cámara Baja mediante contratos de asesoría que no se ejecutaron. Graf habría recibido al menos 105.554.697 pesos provenientes del Fisco por funciones que no desarrolló. Parte de estos dineros habría beneficiado directamente a Calisto, Cárcamo y a terceros vinculados a la actividad política, como Klein, quien recibió 35.794.500 pesos entre 2020 y 2022.
Contexto histórico y consecuencias: A nivel histórico, casos de fraude al Fisco en el Congreso han encendido debates sobre la transparencia y el control de gastos. Este hecho podría afectar la confianza ciudadana y la dinámica en la Cámara de Diputados, especialmente ante futuras reformas de fiscalización.
Con todo, la investigación continúa; se esperan nuevas diligencias y posibles proyecciones sobre responsabilidades de terceros en el eventual desdoblamiento del caso.