La Casa Blanca aplicará a partir de este martes un arancel global del 15% amparado en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, con una vigencia inicial de 150 días, tras la anulación por parte del Tribunal Supremo de buena parte de los gravámenes previos. El anuncio del Gobierno siguió al fallo judicial que limitó el uso de otra norma, y de inmediato tensó la relación entre la Presidencia y el Congreso en Washington.

La medida llega después de que la mayoría del Tribunal Supremo de Estados Unidos (la corte más alta del país) invalidara aranceles impuestos bajo la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional, conocida en inglés como IEEPA por International Emergency Economic Powers Act. El alto tribunal sostuvo que esos gravámenes, en la práctica, equivalían a un impuesto y por tanto excedían la delegación de poderes que la Constitución entrega al poder ejecutivo.

Horas después del fallo, la administración anunció primero un gravamen del 10% y luego lo elevó al 15%, el máximo permitido por la Sección 122. El presidente Donald Trump publicó en su red social Truth Social que, "como presidente, no tengo que acudir al Congreso para obtener la aprobación de los aranceles", y amenazó con subir aún más los gravámenes contra países que desafíen la decisión de la Corte.

Desde la bancada demócrata en el Senado respondió su líder, Chuck Schumer. Chuck Schumer es senador demócrata por Nueva York y líder de la minoría en el Senado; en un comunicado afirmó que sus colegas usarán los mecanismos parlamentarios para bloquear cualquier intento de extender estos aranceles cuando venza el plazo de 150 días, y advirtió que la medida hará subir los precios internos.

El paquete que el Gobierno había aplicado previamente incluía, según comunicaciones oficiales, una tarifa global base a las importaciones y gravámenes "recíprocos" dirigidos a socios comerciales, además de aranceles adicionales del 25% a México y a Canadá. También se mencionaron aumentos hasta 50% para Brasil y la India, aunque la nota original sobre esos últimos casos resulta inconclusa en el despacho que circuló públicamente.

El choque actual expone varias tensiones: la revisión judicial que limita el recurso del Ejecutivo a poderes de emergencia, la decisión política de usar la Sección 122 para mantener medidas comerciales unilaterales, y la disputa legislativa en el Capitolio sobre quién debe decidir gravámenes que afectan la economía. Para que los aranceles sigan vigentes más allá de los 150 días, se requiere el aval del Congreso de Estados Unidos, donde los demócratas prometen resistir.

Para Chile y la región latinoamericana la disputa tiene efectos prácticos. Aranceles amplios sobre las importaciones de Estados Unidos pueden generar aumentos de precios en mercados globales, desviar cadenas de suministro y provocar represalias comerciales que alteren flujos del comercio. Chile, que exporta alimentos, frutas, pescados y minerales a múltiples mercados, puede verse afectado por cambios en la demanda y por variaciones en costos logísticos y arancelarios si hay respuestas multilaterales o medidas recíprocas.

En lo inmediato, el calendario es claro: el arancel entra en vigor mañana por 150 días; el debate político en el Congreso estadounidense se concentrará en las próximas semanas y podría prolongarse hasta el verano boreal, cuando los demócratas advierten que bloquearán una posible extensión. Más allá de esa pulseada, el fallo del Tribunal Supremo añade un nuevo filtro judicial a la política comercial de la Presidencia, con consecuencias sobre cómo Estados Unidos ejerce su poder económico en un mundo de cadenas globales.