El mercado inmobiliario chileno no atraviesa un mal año, atraviesa una crisis estructural. En 2025 se autorizó el menor número de viviendas desde 2008 y, al mismo tiempo, arrastramos un déficit habitacional total cercano a 1,4 millones de viviendas, entre las que se necesitan nuevas y las que requieren mejoramiento.
La paradoja es brutal: no se construye lo que se necesita y, a la vez, no se vende lo que ya está construido. ¿La razón de fondo?
El precio de la vivienda se desacopló del ingreso de las familias. Desde 2010 los precios crecieron más de un 110% real, mientras los salarios lo hicieron en torno al 34%.
Esa brecha no se cierra con buenas intenciones, se cierra bajando el costo de producir vivienda. Por eso la propuesta del MINVU para modernizar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones es una buena noticia.
No es la solución perfecta, ninguna lo es, pero es algo quizás más valioso: una terapia de shock para una normativa obsoleta y para la utilización política de los instrumentos de planificación. Empecemos por lo obvio.
