El Presidente José Antonio Kast estaba firmando una ley sobre educación cuando la muerte de un niño en San Bernardo interrumpió la agenda. Era martes en el Palacio de La Moneda, y el caso de un menor arrastrado por delincuentes se instaló en la jornada.

La víctima tenía 12 años y cursaba séptimo básico. Delincuentes realizaron una encerrona al vehículo en que viajaba, lo sacaron del auto y lo arrastraron varios kilómetros. La encerrona es una modalidad de robo que consiste en bloquear un vehículo con otros autos para asaltar a sus ocupantes. Aquí, terminó en homicidio.

Kast habló de "sentimientos encontrados" al referirse al caso. Dijo que firmaba una modificación al Sistema de Admisión Escolar (SAE), el mecanismo que regula el acceso a colegios públicos y subvencionados en Chile, mientras el país procesaba la noticia. "Por un lado vemos esta modificación legal y, por otro, lamentamos el asesinato de un joven víctima de la delincuencia, un joven asesinado por otros jóvenes", afirmó.

El Presidente reconoció que su gobierno trabaja para reducir las cifras delictuales, pero sostuvo que los avances estadísticos no consuelan en casos como este. "No hay cifra que quite el dolor por esos lamentables hechos", dijo.

El punto más político llegó al final. Kast preguntó por qué otros niños terminan en el crimen organizado y apuntó a dos factores: la pérdida del concepto de autoridad y políticas públicas que llegaron tarde. "¿Dónde los perdimos?", planteó.

El caso quedó en manos de la fiscalía y se investiga como homicidio. La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, vigente en Chile para infractores de entre 14 y 18 años, será determinante para establecer qué pasa con los responsables. Los menores de 14 años no pueden ser imputados bajo esa ley.